El gobierno de Salta, además de no cumplir con ninguna de esas recomendaciones, está redoblando la utilización de los recursos públicos en beneficio de los candidatos del oficialismo y permanece en silencio frente a la permanente destrucción de la publicidad electoral de Juan Manuel Urtubey, el principal candidato opositor. Coartan la libertad de elegir
En la mañana de hoy lunes 13, Urtubey convocó a la prensa en la esquina de avenida Entre Ríos y Bolívar, donde está una de las muchas vallas publicitarias que están siendo dañadas y destruidas en Salta. El comando de campaña de Urtubey hará allí un importante anuncio, cuyo contenido no trascendió. Como si todo esto fuera poco, los funcionarios del gobierno y de la mayoría de los municipios, intensifican las amenazas, cesantías, eliminación de personas de las listas de beneficiarios de planes sociales y actos de discriminación a ciudadanos que apoyan a otros partidos políticos y que son considerados opositores.
Las presiones incluyen a medios de comunicación y a periodistas, a los que se imparten instrucciones sobre cómo deben actuar durante la campaña y a los que, de modo explícito, se pide discriminar a determinados candidatos de la oposición. De este modo, una vez más, el gobierno de Salta está coartando la libertad de elegir.
Competir con equidad
Con el titulo Recomendaciones para una campaña transparente, a Fundación Poder Ciudadano elaboró un listado de sugerencias destinadas a candidatos y partidos políticos que se presentarán en las elecciones del domingo 28 de octubre, y también a los poderes ejecutivos nacional y de provincias. Según Poder Ciudadano estas recomendaciones apuntan a generar equidad en la competencia electoral y garantizar el acceso a la información pública.Después del informe que elaboró la Fundación Poder Ciudadano sobre el crecimiento del gasto de publicidad oficial del gobierno Nacional y porteño, quedó en evidencia que la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales sigue siendo una materia pendiente.
Por ello, y ante la cercanía de las elecciones presidenciales, la Fundación elaboró una serie de recomendaciones para los poderes ejecutivos de la Nación y las provincias, y los candidatos y partidos políticos que serán protagonistas en las urnas en octubre próximo. Ante la consulta de Infocívica, algunos de ellos respondieron con sus opiniones.
Escenarios desequilibrados
La desigualdad en la competencia electoral es un síndrome de estos tiempos. Ello genera escenarios desequilibrados a favor de partidos o candidatos con dinero o acceso a él, dice el informe, que acompaña a las recomendaciones. Muchas de ellas tienen directa relación con la normativa vigente; otras, con las buenas prácticas que promueven la transparencia en materia electoral, según el citado texto. Justamente, a lo que tienden estas recomendaciones es a generar equidad en la competencia electoral, señaló Pablo Secchi, coordinador del Área Acción con Políticos de Poder Ciudadano y autor del documento. Y agregó: Con ellas pretendemos dar un paso más allá de las normas y las prácticas habituales en años electorales.
Uso discrecional
En el primer lugar de las Recomendaciones para una campaña transparente figura limitar la distribución de la publicidad oficial a los medios de comunicación. ¿Por qué?: Los gobiernos suelen utilizar el recurso de la publicidad oficial con discrecionalidad y poca transparencia. En épocas electorales, la inversión aumenta exponencialmente, dice el informe. Los datos difundidos hace pocos días por esta misma organización demuestran que esta afirmación no es apresurada.Otra de las propuestas es limitar a tres meses antes de toda elección los actos de gobierno realizados con motivo de la inauguración de obras públicas y del lanzamiento o promoción de planes sociales. Esto implica la no realización de actos inaugurales porque se considera a estos como posibles captadores de votos ciudadanos, explica el documento.
Las inauguraciones de obras públicas en toda la Provincia de Salta son presididas por el vicegobernador Walter Wayar y por el ministro de Hacienda, Javier David, candidatos a gobernador y vicegobernador por el oficialismo local. La publicidad del gobierno, que incluye grandes valles en calles y rutas, destacan esas inauguraciones y añden: Para que el cambio no se detenga, frase que preside la campaña electoral del oficialismo.
Matrimonio y algo más
Sin ninguna sutileza ni pudor, la publicidad que paga el gobierno se convierte en abierta propaganda electoral. La campaña del gobierno remite a la del partido oficialista y, de ese modo, la refuerza otorgándole una enorme ventaja a los candidatos del oficialismo. Las principales candidaturas del Partido Justicialista de Salta están cubiertas poir funcionarios del gobierno. La única excepción es la de la candidata a senadora nacional suplemente, Carmen Marcuzzi de Romero, esposa del gobernador. Ningún funcionario del gobierno pidió licencia para hacer la campaña. Los viajes de las giras proselitistas de todos ellos se pagan con dineros del gobierno en concepto de viáticos. También se utilizan vehículos oficiales, aunque el vicegobernador Wayar dice que, en su caso, no recurre a esos vehículos y tampoco consume combustible a costa de la Provincia.
Respecto de los planes sociales, agrega: Se recomienda que éstos no sean utilizados como moneda de cambio en la campaña electoral y sean distribuidos tres meses antes o días después de la fecha estipulada para la elección, salvo verdaderos casos de necesidad y urgencia.
Proselitismo de inauguraciones
Un mecanismo parecido a este último ha sido utilizado con éxito en México, donde existen restricciones para el proselitismo basado en obras públicas o programas sociales. Eduardo Bohórquez, director de Capitulo Nacional de la ONG Transparencia Mexicana, cuenta: En México, en épocas electorales no se permite el ingreso de nuevas familias beneficiarias al padrón del programa hasta pasada la fecha de la elección.Controlar y limitar el uso de recursos públicos con fines electorales es una propuesta que parece obvia, pero no siempre se cumple. Por ello, Poder Ciudadano lo recuerda y recomienda.
Lo mismo hace con la necesidad de garantizar al ciudadano el derecho a votar informado, y sugiere a los candidatos y partidos políticos propiciar un debate de ideas y propuestas, que permita al ciudadano a ejercer ese derecho. Relacionado con esto, se recomienda que el sistema nacional de medios públicos organice debates temáticos entre todos los candidatos presidenciales a lo largo de los 90 días que dura (por ley) la campaña electoral.
En este sentido, Secchi destacó: Estas recomendaciones están destinadas a los candidatos a cargos públicos, a los partidos políticos y al Poder Ejecutivo, pero también a la ciudadanía en general, para que conozca estos temas. Ese es, justamente, uno de nuestros principales objetivos: generar el acceso a la información pública, señaló.
Cristina Kirchner no responde
Para abrir el debate, Infocívica convocó a quienes ya se proclamaron candidatos a presidente para las próximas elecciones nacionales. Roberto Lavagna, candidato de la Concertación para Una Nación Avanzada (UNA), y Elisa Carrió, fundadora de ARI y candidata por la Coalición Cívica, respondieron a la convocatoria. En cambio, no se obtuvo respuesta por parte del equipo de prensa de la candidata oficial y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.Respecto de la recomendación de limitar la distribución de publicidad oficial, tanto Lavagna como Carrió estuvieron de acuerdo. Ello contribuiría a reducir las distorsiones en el libre ejercicio de la voluntad ciudadana, señaló Lavagna. Por su parte, la líder de la Coalición Cívica destacó: Desde el Congreso impulsé numerosas reformas al Código Electoral Nacional, para evitar, detectar y castigar repetidas prácticas que tienen por objeto, directo o indirecto, distorsionar la voluntad del electorado.
En cuanto a limitar la realización de actos de inauguración de obras públicas y el lanzamiento de planes sociales a tres meses antes de las elecciones, para evitar la probable captación de sufragios, el candidato de UNA entendió que se trata de una propuesta justa. Carrió, por su lado, recalcó una de las modificaciones que impulsó: La prohibición de los actos de gobierno con carácter proselitista dentro de los 45 días antes de la celebración de los comicios. Y agregó: También es preciso fijar la prohibición de la inauguración de obras públicas en períodos de campaña electoral durante, por lo menos, los 30 días anteriores a la fecha del comicio (plazo que hoy se encuentra estipulado en 7 días).
No hay transparencia
Para Lavagna, la propuesta de controlar y limitar los recursos públicos con fines electorales favorece el libre juego de las fuerzas y expresiones democráticas. Y agrega: Coincidimos con que las donaciones en especie sean registradas como gasto de campaña. Carrió pone más énfasis en este punto: Haría pasible, a quien lo hiciere, de una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y administración fraudulentas, entre otros, tipificados en el Código Penal.
En cuanto a la campaña electoral, Lavagna señala: "Con toda claridad, coincidimos con que todos los gastos realizados sean registrados en los informes financieros, mientras que para Carrió, es necesario introducir modificaciones a la legislación vigente a fin de contar con normas que realmente permitan controlar la financiación de la política; eliminar el financiamiento privado empresario y afirmar el financiamiento público; fijar mecanismos de auditorías sociales sobre los fondos partidarios, entre otras observaciones.