El gobierno de Salta eliminó de la lista de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de hogar a vecinos que habían denunciado la represión policial durante el desalojo del asentamiento San Expedito, al Norte de la Ciudad de Salta. Aunque los fondos de ese Plan son aportados por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las comunas son los responsables de su administración. En muchos casos los otorgan y los niegan aplicando criterios de clientelismo político, antes que de necesidad. Los incluidos en ese Plan, implementado durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde para paliar la grave situación social producida por la devaluación producida por ese gobierno, recibieron $150 mensuales como ayuda de emergencia. En Salta, como en la mayoría de las provincias y municipios del país, las políticas sociales se han convertido en parte del aparato clientelístico de los oficialismos. Subsidios, becas, bolsones con alimentos, leche, medicamentos, chapas, calzado, lentes y material de ortopedia son utilizados para lubricar ese aparato.
La diputada provincial Nora Giménez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, reveló que los vecinos de San Expedido afectados por esa medida, la denunciaron en una reciente reunión realizada en el Colegio de Abogados con referentes de la Defensoría del Pueblo. Cuando fuimos a averiguar nos dijeron que ya no estábamos en las listas de beneficiarios del Plan, dijeron.
Giménez recordó que en la mayoría de los casos se trata de mujeres que son sostén de hogar con cinco o siete hijos. A partir de la denuncia de los vecinos excluidos del Plan, funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación se comprometió a gestionar la reposición de los planes. Giménez, acusó que la ayuda del Plan Jefes, ya no lo tienen más por haber tenido el coraje cívico de denunciar la brutal represión que vivieron en San Expedito.