Hay muchas denuncias de apremios ilegales, admite el presidente de la Corte de Justicia de Salta

Mientras el ministro de Gobierno de Salta acaba de asegurar que el actual gobierno “dejará una policía muy democrática, infinitamente más profesional” que la de provincias vecinas y “no golpeadora”, la opinión de abogados, los informes de organismos internacionales de derechos humanos, los datos de la realidad y el aumento de denuncias por apremios ilegales, admitidas ayer por del presidente de la Corte de Justicia de Salta, desmienten el optimismo del funcionario. El presidente de la Corte reconoce preocupación por los excesos policialesDurante una visita a la cárcel local, el presidente de la Corte, Guillermo Posadas reconoció que “la Corte de Justicia viene atendiendo especialmente el tema de los apremios ilegales” y reconoció que en los últimos meses son más frecuentes las denuncias de malos tratos por parte de la policía. Posadas recordó que hay una oficina que tiene a su cargo el seguimiento de las actuaciones especiales administrativas en casos de denuncias de apremios ilegales ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad.

Un secreto bien guardado

El Juzgado de Detenidos y Garantías que funciona en la Alcaidía, controla en forma permanente lo que sucede adentro de los distintos establecimientos de detención que existen en toda la provincia. Este juzgado, añadió, aportó una significativa mejora cualitativa en la atención de las personas detenidas. Legisladores opositores que integran la Comisión de Derechos Humanos dicen que, también en esta área, el gobierno no elabora estadísticas rigurosas y, menos aún, las hace públicas.

La experiencia indica que los casos de malos tratos y torturas son muchos más que los denunciados por los presos, que temen que sus denuncias empeoren su situación dentro de los lugares de detención. Si, como reconoció el ministro de Gobierno, en los últimos dos años y medio el gobierno exoneró y cesanteó a 300 policías, es porque la Policía de Salta no es un ejemplo de pulcritud democrática. Esto significa un promedio de 10 policías separados de la institución por mes.

Tampoco hay cifras oficiales confiables referidas al aumento de personal policial en los últimos años. Estos datos permitirían la relación entre el número de habitantes y la cantidad de policías. Esa referencia es importante al momento de determinar la expansión de la fuerza policial durante el actual gobierno, que fue uno de los que más utilizó la policía para reprimir conflictos sociales.

Respeto integral de la ley

No se trata de condenar en bloque a la institución policial ni de caer en las criticas de aquellos sectores que creen que el Estado no tiene que tener capacidad para hacer respetar la ley. Lo que debe quedar claro es que no se puede hacer respetar la ley violando la ley. Esto que parece una perogrullada, no lo es. Aunque la imagen provoque rechazos en todos, incluido el ministro de Gobierno, en Salta la vieja policía brava está casi intacta: no ha perdido ni el pelo y, menos aún, las mañas.

Tiene razón el presidente de Francia Nicolás Sarcozy cuando dice que no se puede desear el orden y, de forma sistemática, tomar partido contra la policía. Lo que hay que hacer es subordinar la policía a le ley para evitar que los policías apliquen la ley del más fuerte torturando presos y agrediendo a jóvenes en barrios marginales.

Con diferencia de días, la policía protagonizó dos episodios de violencia con pocos precedentes en la historia local: el uso abusivo e indiscriminado de la fuerza en el operativo de desalojo de 160 familias que habían levantado viviendas precarias en un sitio insalubre de la periferia de la ciudad y la golpiza al periodista de la sección policiales del diario “El Tribuno”, Darío Illanes.

No son casos aislados

La diputada provincial opositora Nora Giménez, separada de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por orden del gobernador Romero, dijo que “los abusos y apremios ilegales ya no son
casos aislados sino que forma parte de una línea política de las fuerzas de seguridad que, sin dudas, excede al propio secretario de Seguridad”.

“Lo que sucedió a Darío Illanes, es una muestra acabada de la impunidad que existe en Salta. Habrá que preguntarse como, en sus celdas y lejos de la vista de no policías, ese personal policial trata a las personas detenidas. Si golpean a un periodista fuera de una cárcel, a la luz del día y ante la presencia de otros periodistas y fotógrafos ¿cómo castigarán adentro a los menores detenidos en la Comisaría del Menor?”, preguntó la legisladora.

En los últimos días Nora Giménez se reunió en Salta con funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación para considerar la escalada de abusos policiales dentro y fuera de las cárceles. Si el gobierno sigue en manos del mismo grupo, “cuando se vaya el secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, vamos a tener otro Ferraris, que no se llamará Ferraris, pero que reforzará esta línea de actuación represiva de abusos y represión”.

Sin voluntad de cambiar

Según Giménez la responsabilidad de esta política está en el nivel más alto. “Si un gobernador no comparte la represión y los abusos, lo que hace es cesar de inmediato en el cargo al secretario de Seguridad, designa a otra persona y reordena la política de seguridad. Pero esto no sucede porque la política en esta materia viene desde arriba. Por eso no hay voluntad política para cambiar la política de seguridad”, añadió Giménez.

“En términos generales la unidad carcelaria está funcionando aceptablemente” sostuvo esta mañana el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, en el marco de su visita al Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta. Dijo que existen algunas deficiencias pero aclaró que se trata de temas que no tienen mayor trascendencia y que se encuentran en proceso de corrección. Destacó que esta visita es muy importante, porque la Corte como supervisora del sistema carcelario tiende a verificar si se cumplen las normas constitucionales sobre los tratamientos de los penados y de los procesados

Independencia de los jueces

El presidente de la Corte de Justicia planteó la necesidad de duplicar la cantidad de juzgados de menores, pues son insuficientes los dos juzgados de menores que funcionan en el Distrito Centro. La Corte, pidió que la Legislatura apruebe la ampliación de la estructura judicial tanto en el Distrito Judicial del Centro, donde se crearon dos nuevos juzgados de familia, y uno en cada distrito judicial del interior.

Posadas dijo que la Corte “viene sosteniendo la necesidad de preservar la independencia judicial”. Esto se manifiesta en el dictado de fallos, en los cuales el juez debe actuar con plena conciencia de su autonomía e independencia, no sólo del poder político sino de todo grupo de presión e, incluso, de la prensa.

Más denuncias de malos tratos

Las denuncias contra los excesos policiales aumentan los fines de semana. En la madrugada del pasado domingo un grupo de menores que salía de una fiesta familiar de una casa del Barrio Santa Lucía fue brutalmente golpeado por efectivos policiales del 911. Los policías hicieron disparos con balas de plomo.

Familiares de los jóvenes golpeados, acompañados por el diputado Pablo López, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, denunciaron el hecho en la Fiscalía de Causas Policiales. Los familiares de tienen en su poder las balas de plomo que dispararon los uniformados. Las fachadas de varias viviendas aparecen con impactos de bala. López dijo que la policía actuó sin ningún justificativo y sin que haya mediado una denuncia contra los jóvenes.

La madre de uno de los menores golpeado por la policía, relató que cuando los jóvenes salían de un asado en una casa de familia en el Barrio Santa Lucía, llegaron efectivos del Servicio de Emergencias 911, los que comenzaron disparar. Minutos después llegaron al lugar más patrulleros, agregó. Uno de los jóvenes, logró entrar en la casa de un vecino para protegerse, los policías entraron a la vivienda, lo sacaron violentamente y lo llevaron a la comisaría.

En la comisaría una tía del detenido “pudo ver cómo tres efectivos golpeaban violentamente al chico que estaba ensangrentado”, la mujer. Después de lavarle la sangre, la policía le tomó fotografías. “No sé porqué la policía actuó así porque los chicos no estaban peleando ni tampoco habían bebido alcohol. En la comisaría nadie nos explicó nada”.

Cacería del joven pobre

Nélida Moyano, madre de uno de los jóvenes detenidos explicó que “la policía golpeó a lo chicos en presencia nuestra. Una camioneta los arrinconó contra el río, los cazaron y golpearon. Uno de ellos perdió las zapatillas, a otro lo desnudaron, con el frío que hacia. Los llevaron a la Comisaría Octava. Todos tenían la cabeza llena de chichones. Los esposaron y le sacaron fotos”.

“Lo más llamativo de lo que paso esa noche, es que uno de los móviles chocó en la calle seis, frente a la cancha de básquet. Cuando con otra madre fuimos a ver que pasaba con nuestros hijos, el policía que conducía el vehículo chocado actuaba extraño, como si estuviera alcoholizado. Cuando pregunté ¿qué paso?, me dijo que no era el que manejaba, sino otro policía que recién aprendía a conducir”.

Sin confianza en la policía

En una consulta periodística a un grupo diverso de personas que circulaban por el centro de la ciudad referida a si confían o no en la Policía de la Provincia, las respuestas fueron muy contradictoras y ambiguas. Algunas contestaron que sí confían, reconocieron que nunca recurrieron al servicio de la policía. Otras dijeron que, en términos generales, confiaban pero cuando se entró en detalles, manifestaron que desconfiaban del correcto accionar de la policía. Otras se quejaron por las frecuentes demoras de los servicios del 911.

Los jóvenes que, en su mayoría, residen en barrios marginales de la Ciudad de Salta, fueron los que se manifestaron más críticos respecto a la Policía de Salta. Uno de ellos dijo en que el Barrio Palmeritas a los policías les apodan “salchicha”: porque no tienen sangre.