Carlos Pagano, integrante de la Junta Promotora del Agua informó que desde el pasado miércoles 1º de agosto un grupo de treinta y un vecinos del Barrio Santa Ana de la Ciudad de Salta, se presentaron en las oficinas de la empresa Aguas de Salta para entregar los aparatos de micro medición domiciliaria de agua. Los vecinos llegaron al lugar y, ante la atónita mirada de empleados y circunstantes, entregaron esos aparatos. Pagano recordó que, con anterioridad, treinta y cinco vecinos de otros barrios habían hecho lo mismo con sus respectivos medidores de agua. Pagano es, además, candidato a gobernador de la Provincia por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST, Lista 38).
Los motivos que llevaron a los vecinos a tomar esa determinación, señala Pagano, están expuestas en la nota de entrega, recibida formalmente en ambos episodios por personal de la empresa privada. Entre ellas, la decisiva es que ante la solicitud de un vecino de esa barriada, la Dirección de Fiscalización Urbana dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, respondió oficialmente que "la prestataria Aguas de Salta SA no cuenta con autorización de este municipio para la instalación de gabinetes de medidores de agua".
En opinión de Pagano, este hecho documenta el carácter clandestino de la obra en todo el ámbito de aplicación de la autoridad municipal capitalina, con lo que se convierte al titular frentista donde se colocó el medidor en cómplice de una obra clandestina.
Además de clandestina, añade, los vecinos comprobaron la ilegalidad del procedimiento de Aguas de Salta al no obrar en la comuna la documentación reglamentaria como plano aprobado de la obra firmado por responsable técnico matriculado y refrendado por el Consejo Profesional respectivo. El mismo aparato no está homologado por normas IRAM fijadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial exigidas por el Código de Edificación de la Municipalidad de la muy noble y leal Ciudad de Salta.
Por último, Carlos Pagano, dijo que como reacción inmediata a la inevitable, legal y valiente medida vecinal, el Ente Regulador de Servicios Públicos a través de informes autorizados y en evidente tónica extorsiva e intimidatoria, publicita por todos los medios la posibilidad hipotética de que los aparatos devueltos podrían ser reinstalados a costa de los usuarios y que se podría llegar a la restricción del servicio. Ambas posibilidades no pasan de ello, pues ninguna de ellas se compadece con la realidad de los hechos ni con las normas vigentes.
Por otra parte, consultados varios juristas por la Junta Promotora del Agua, estos señalaron que dichos mensajes pueden ser tipificados como apología del delito por parte de un Ente Regulador cuya misión principal es "defender los intereses de los usuarios", al pretender encomiar la realización masiva de obras ilegales y clandestinas por la empresa inconstitucionalmente concesionaria.
La Junta espera que nuevos grupos de vecinos procedan a regularizar la ilegal situación del espacio municipal o acera planteada por la obra clandestina de Aguas de Salta, ligada a sus catastros y con responsabilidad civil para los mismos usuarios.