Illanes es líder del sindicato de periodistas opuesto a la conducción oficialista, denunciada por vaciamiento, corrupción, connivencia con las patronales, consentimiento frente a maltrato profesional y a violación de leyes laborales, además de fraude electoral reiterado. En los últimos meses, Illanes encabezó una renuncia masiva de afiliados a ese sindicato y anunció la constitución de una nueva entidad gremial Que se puede esperar
Si la Policía de Salta somete a maltrato a periodistas del diario oficialista, habrá que comenzar a pensar que regalo nos tiene reservado a los periodistas independientes, es el comentario que se escucha hoy aquí. El periodista agredido no sólo no fue asistido luego de los golpes en su cuerpo, sino que fue privado de su libertad durante una hora y media por orden de la segunda autoridad policial de la Provincia.
Illanes fue agredido por un grupo de diez policías, sin placas de identificación, dentro del predio de la Comisaría del Menor cuando cumplía tareas profesionales en ese cuestionado centro de detención. Una vez más, la Comisaría fue escenario de una violenta protesta de los internados. En esa Comisaría hay más de medio centenar de detenidos. Casi la mitad de ellos permanecen demorados, sin cargos concretos. Algunos tienen once años y fueron trasladados desde lugares distantes, a más de 300 kilómetros de la Ciudad de Salta.
Hay fotos de la agresión
Illanes fue rodeado y golpeado brutalmente por los policías cuando estaba grabando las quejas de los reclusos que, a gritos y detrás de las rejas, denunciaban malos tratos, hacinamiento, pésima alimentación, falta de camas y de ropa de abrigo. Aunque un fotógrafo del mismo diario captó, en primeros planos, escenas de la golpiza a Illanes, el periódico no publicó ninguna de esas fotos y tampoco destacó el hecho en su portada. El periódico se refiere al hecho en una breve nota a dos columnas. Extraña situación es el extraño título de esa nota, que no recoge ningún testimonio del propio Illanes.
La Secretaría de Seguridad de la Provincia y las autoridades policiales no podrán argumentar que se trató de un hecho aislado. Menos aún, que los policías agresores no sabían a quien estaban castigando. No podrán hacerlo porque Illanes ejerce esas tareas desde hace quince años y es uno de los más conocidos y eficientes cronistas policiales. ¡Me están pegando, me tienen secuestrado!, gritó Illanes.
Prometen investigar
Aunque el ministro de Gobierno y el secretario de Seguridad dijeron que la agresión a Illanes será investigada y que se sancionará a los responsables, no se espera que esas declaraciones se traduzcan en un cambio en los criterios con los que el gobierno local maneja la seguridad en Salta. Esos criterios tienen más afinidad con los que rigen en regímenes autoritarios, que con los del Estado de derecho y la democracia.
Hasta ahora el gobierno de Salta ha considerado exageradas, y mero producto de una actitud inamistosa, las advertencias de la Asociación de Periodistas de Salta (APES) sobre el trato discriminador e intimidatorio a los periodistas que no responden a las presiones del gobierno. Los mismos funcionarios del gobierno que hacen listas negras y practican ese trato, o mandan practicarlo, fingen ignorar esto. No tienen comportamientos institucionales, sino personales de antipatía o simpatía, dicen los profesionales.
Fabricarían una denuncia
A la misma hora que Illanes era golpeado por la policía, el periodista Sergio Poma y el abogado Daniel Tort ampliaban su exposición sobre un supuesto complot en su contra ante el Fiscal Federal de Salta, Ricardo Toranzos. De acuerdo a lo explicado al Fiscal Federal, el ex diputado oficialista Ernesto Aparicio y los hermanos Raúl y Ula Castedo, acusados de narcotráfico e implicados en el asesinato Liliana Ledesma, se proponen involucrar a Poma y a Tort en el tráfico de estupefacientes.
La gravedad de la agresión a Illanes no puede dejar en segundo plano y, menos aún, en el olvido la situación de la Comisaría del Menor, cuya jefatura ejerce una mujer policía. Con el eufemismo de Comisaría se oculta una cárcel donde están hacinados menores que, hasta en grupos de tres, deben dormir en delgados colchones de una plaza, soportando temperaturas bajo cero sin mantas, con pésima alimentación (nos dan comida podrida, peor que la que se tira a los perros) y sometidos a constantes humillaciones y castigos corporales.
Parecido a una mazmorra
La situación en la Comisaría del Menor fue denunciada varias veces por la diputada provincial Nora Giménez, cuando presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta y por diputados de los grupos parlamentarios de oposición. Pese a la gravedad de los hechos producidos ayer, hasta ahora esa Comisión no se los condenó ni su presidente se mostró interesado en hacerlo.
Poco antes de la medianoche del pasado miércoles, los menores detenidos una de las celdas comenzaron su protesta con gritos y ruidos y la continuaron quemando colchones y frazadas. La Comisaría del Menor ocupa un edificio de reciente construcción en el Barrio Castañares, al Norte de la Ciudad de Salta y próximo a la Ciudad Judicial.
Según la información policial, doce internos de la celda número cuatro de varones comenzaron la protesta con la presunta intención de distraer a los guardias para poder fugarse. Aunque hay algunos heridos con quemaduras, la protesta podría haber terminado en una desgracia porque los presos colocaron los colchones de goma-espuma sobre las puertas de rejas y les prendieron fuego. En la Cárcel de Orán, el año pasado, una protesta similar, terminó con la muerte de cuatro detenidos.
Vida de perros
El subjefe de Policía, Hugo Marcial Flores, quien ordenó la detención de Illanes, dijo que el presunto objetivo de este modo de protesta fue un intento de fuga. Por este hecho se decidió reforzar las requisas durante las visitas de familiares. Controlado el motín, llegó al lugar la Jueza de Menores nº 2, Silvia Bustos Rallé.
Después del motín, el diputado provincial Pablo López (Partido Obrero) se reunió con el Juez de Garantías Federico Armiñana Dohorman para considerar la situación de la Comisaría del Menor. López explicó al magistrado que los menores detenidos no tienen colchones ni frazadas para dormir, la comida es insuficiente y algunos chicos tienen sarna, como consecuencia del hacinamiento y la falta de higiene. El juez se comprometió a intervenir en este tema.
Pablo López mencionó el caso de un menor de trece años que está alojado en esa Comisaría por protección de persona. En lugar de garantizar su integridad física lo mandan a un lugar, donde posiblemente salga peor de lo que entró. El legislador anticipó que hará presentaciones ante el magistrado y los organismos que correspondan, porque estamos ante un problema de larga data, grave y crónico que comenzamos a denunciar hace tres años.