No es la primera vez que el intendente Rallé es cuestionado por mal manejo de fondos. El caso de este funcionario, que pertenece al partido gobernante, tampoco es único en Salta. Cuando concluya el actual gobierno habrá alcanzado un récord de denuncias de casos de corrupción de intendentes municipales, algunos de los cuales fueron procesados y, también encarcelados. Pese a eso y de tener causas aún abiertas, la mayoría de ellos sigue en funciones y todos buscan ser reelectos. Aplazados en contabilidad
Hoy, el economista Eduardo Antonelli, candidato a intendente por la Concertación Unión Cívica Radical Movimiento de Integración y Desarrollo, reclamó a los órganos de contralor de la Municipalidad de Salta su inmediata reacción para explicar la información según la cual se constató un marcado y desfavorable desbalance entre la adquisición del predio donde se construirá el Centro Municipal y la entrega de patrimonio municipal a cambio.
Según Antonelli, que es un prestigioso docente universitario, es muy claro que esta situación es consecuencia de la falta absoluta de rendición de cuentas por parte del Departamento Ejecutivo Municipal que se ha transformado en práctica corriente, así como de las perversas transferencias de partidas y otras prácticas enfrentadas al resguardo institucional al que todos nos debemos todo ello unido a la ausencia de control por parte de los organismos que la Carta Orgánica Municipal prevé.
Que vayan a la justicia
Ante las denuncias de corrupción el gobierno local se limita a negar los cargos y a repetir que el camino que ellas deben seguir es el de la justicia. Aunque aquí hay fuertes dudas sobre la independencia de la justicia frente a un poder político que promovió el mayor avance que se recuerde sobre magistrados y legisladores. Lo que aquí se organizó, desde las instituciones y vulnerándolas, es un sistema para garantizar impunidad de los ilícítos, dice la oposición al gobierno.
El olfato, el sentido común y la información que circula aquí por canales informales, pueden más que las investigaciones y condenas por casos de corrupción que no llegan. El rápido enriquecimiento de funcionarios provinciales y municipales es algo visible, y también tangible, en ciudades medianas o pequeñas, donde las relaciones y las redes vencen las barreras del ocultamiento y sustituyen la falta de información oficial.
Enriquecimiento ostentoso
Todavía somos pocos y nos conocemos mucho, se dice. Aunque en los pueblos pequeños esas evidencias suelen ser mayores y algunos funcionarios no parecen interesados en disimular su rápido incremento patrimonial, esos indicios también aparecen, a veces de forma ostentosa, en la Ciudad Capital de la Provincia. Traten de disimular un poco, es el consejo que un funcionario de mayor rango dio a otros de menor rango y astucia. El problema no es robar menos sino disimular más, explican.
Por su parte el abogado Carlos Humberto Saravia promovió acción penal contra el funcionario por supuesta comisión del delito de malversación de caudales públicos. El expediente se tramita en el Juzgado de Instrucción Formal Séptima Nominación a cargo de Jorge Sosa Vallejo. Hace tres semanas el magistrado libró un oficio al Banco Macro Bansud S.A. para que la entidad informe sobre los movimientos de la cuenta Nº 107/6 de la Sucursal General Güemes, donde se depositaron fondos del Plan Federal de Emergencia Habitacional.
Obras públicas, bolsillos privados
En el año 2006, la empresa Metal Güemes SRL firmó un contrato de locación de obra con esa comuna, por la suma de $395.777,79 que debía destinarse a la primera etapa de la construcción de red de agua y cloacas del barrio 160 viviendas del Sindicato Obreros del Azúcar Ingenio San Isidro, de esa localidad. Aunque la obra se encuentra terminada y los fondos fueron remitidos al municipio, el intendente Darío Germán Rallé no pagó aún a la empresa.
El propio Rallé y el secretario de Obras Públicas, Jorge Antonio Vega, certificaron la conclusión de la obra junto a supervisores del Instituto Provincial de la Vivienda, que actuó como organismo intermediario en los depósitos que se realizaron en la cuenta corriente 107/06 y cuyo paradero en parte se desconoce.
Según la empresa el municipio le adeuda a la fecha la suma de $205.074,97 con más los intereses devengados por lo que presume que se han desviado ilegalmente los fondos ya que en otras oportunidades se intentó saldar parte de la deuda con la entrega de cheques de la cuenta de gastos corrientes nº 10/3 de la misma entidad bancaria.
El poncho no aparece
En todos los casos los cheques fueron rebotados por falta de provisión de fondos por lo que la denuncia penal le imputa otros hechos delictivos y también se encuentra en ejecución la suma de $27.384 que tramita en la causa Metal Güemes SRL c/ Municipalidad de Campo Santo Ejecutivo; expte. nº 185.075/7 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos, segunda nominación.
El Concejo Deliberante aprobó pedidos de informe para que el intendente explicara las razones de esta irregular situación. El Concejo invitará al abogado Saravia para exponga sobre este caso en la próxima sesión. Se formará una comisión investigadora cuya tarea daría lugar al comienzo del proceso de destitución del intendente. Rallé hasta la fecha no ha explicado que hizo con los fondos que depositó el Instituto Provincial de la Vivienda.