Entre veintidós pedidos de informes, considerados esta semana por la Cámara de Diputados de Salta, se incluyó uno referido al gerenciamiento de la Red Sanitaria Norte, ahora a cargo de la Fundación Santa Tecla, con sede en Barcelona. En su presentación, diputados de la oposición piden que el ministro de Salud Pública informe a la Cámara sobre las "características de la implementación" de la Resolución Nº 0841 del 28 de marzo de 2007, en la que se fijaron las condiciones de la administración y gestión privada de la Red Sanitaria Norte.
Para los amigos, todo
El convenio de la llamada gestión comunitaria se firmó entre el ministerio de Salud Pública y la Fundación Control Comunitario Orán, que preside Sergio A. Sajia, candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Orán. En todos los casos similares, cuando se trata de intereses económicos, el gobierno de Romero aplica le lema justicialista: Para los amigos, todo, critica la oposición.
La proximidad del cambio de gobierno está acelerando ese proceso de privatización de lo público, en los casos que las actividades son rentables y de estatización de lo privado o de sociedades mixtas, cuando ellas son deficitarias o están quebradas y necesitan ir a parar a la sala de terapia intensiva de los fondos públicos.
Hay que apurar las firmas
En los últimos meses el gobierno de Salta incrementó y aceleró la tarea de firma de convenios, contrataciones directas, concesiones, excenciones de impuestos a largo plazo, permisos de desmontes, compra y venta de propiedades, locaciones de servicio y entrega de subsidios.
Nos dijeron que tenemos que firmar ahora porque el gobierno se va en diciembre, explican los contratistas. Discrecionalidad, falta de transparencia y desprolijidad caracterizan este acelerado proceso de firmas.
Los diputados quieren que el ministro de Salud explique si estos cambios en el modelo de gestión se introducen porque el anterior era deficiente. De ser así, los controles de calidad, auditorias efectuadas a los servicios de salud, los controles administrativos y los manejos de fondos en esa Red, realizados hasta ahora por el gobierno, fueron insatisfactorios y por eso fracasaron.
Para comprender las razones de esta transferencia de funciones de gestión, se pide que el Poder Ejecutivo informe sobre los resultados logrados en esas supervisiones, evaluaciones y auditorías. Se quieren conocer las características de los cambios que, en la reorganización del nivel de conducción y en la redefinición de las misiones y funciones de quienes conducen cada área operativa, se introducirán bajo esta nueva gestión.
Sin fines de lucro
Los autores de esta iniciativa quien conocer detalles de las modificaciones entregadas a cada nivel gerencial de las áreas que integran la Red, por la diferencia de nivel de complejidad de cada una de ellas. En el convenio de gestión se menciona la convocatoria a todos los interesados que quieran intervenir en este proceso.
¿Cual fue la metodología utilizada para esa convocatoria? En su estatuto, Fundación Control Comunitario Orán, define como objetivo asumir la cogestión en la Red Sanitaria Norte. En consecuencia, no puede afirmarse que sea la comunidad quien logrará el control sobre su propio camino en la vida, como se dice en el Decreto 1.653 de Gestión Comunitaria.
También se solicita que el ministro de Salud aclare cuál es el domicilio legal de esa Fundación. ¿Es el Hospital San Vicente de Paul?, como parece demostrarlo el domicilio que figura en el convenio entre el Hospital y el presidente de la Fundación, Sergio A. Sajia.
El patrimonio público
Los diputados dicen que el convenio pone a disposición de la Fundación las infraestructuras de todas las áreas operativas que conforman la Red. Se pide copia de los inventarios de cada uno de los hospitales, centros de salud, y puestos sanitarios y el estado edilicio de los mismos. Se solicita detalle su equipamiento, instrumental de cada área, especialmente Unidad de Terapia Intensiva de adultos, neonatal, quirófano, stock de insumos y medicamentos y recursos humanos.
Del monto total de $38.304.828 asignado para el funcionamiento de la Red Sanitaria Orán, se quiere saber cuál es el saldo de la cuota mensual efectivamente acreditada en la cuenta bancaria de esa Fundación, para poder determinar el 1, 5% que recibirá ésta para su funcionamiento. Aunque, por estatuto, la Fundación declara ser una entidad sin fines de lucro.
Cuenta bancaria y titular
El gobierno deberá informar el nombre de la persona titular de la cuenta bancaria y el nombre del banco. Pide que detalle como está integrada la Comisión Fiscalizadora Permanente, los controles efectuados en la cogestión de Cafayate, los criterios y pautas de rendiciones de gastos ejecutados por las áreas operativas y por las ONG y el remanente del presupuesto a ejecutar en cada área operativa.
Se eligió como ejemplo a la Red Cafayate por ser la primera que se puso en marcha. Se pregunta al ministro cuál es el plan presentado por la Fundación a la Comisión Fiscalizadora. De acuerdo al convenio, la Fundación podrá contratar servicios técnicos para asesoramiento, que será más oneroso al sistema. Si el Ministerio no pudo administrar estas áreas operativas, menos lo podrá hacer esa comunidad representativa que carece de experiencia.
Insumos y medicamentos
Se pide explique el criterio que se seguirá para atender las necesidades de los afiliados a la Red, sin que ello signifique disminuir ínter consultas o derivaciones a centros de mayor complejidad y tampoco un descuento del incentivo de todos los trabajadores de la Red.
Por último se solicita que se diga en base a que parámetros se efectuará la compra de insumos y medicamentos y bajo qué modalidad. En relación a la prestación a terceros financiadores, se quiere saber por qué lo percibirá esa Fundación y no cada hospital. En síntesis, los autores de este pedido de informes quieren saber a quien, en definitiva, benefician estos cambios.
Rapidez y lentitud
La casi totalidad de estos pedidos de informe mueren en los escritorios de los funcionarios y jamás tienen respuesta. La rapidez en las firmas de un gobierno que se va contrasta con la lentitud de sus explicaciones ante los cuerpos legislativos y ante la opinión pública. En este punto, un eventual gobierno de Walter Wayar ¿iniciará lo que él llama la nueva etapa de Salta? O, por el contrario, profundizará el deterioro institucional de la Provincia?