El allanamiento de Lona al procedimiento marca -según fuentes consultadas- un antes y un después en la marcha del proceso en el que se investiga el mayor atentado cometido contra los Derechos Humanos en Salta durante la etapa de violencia política inaugurada por la dictadura de Onganía en 1966 y que, con diferentes matices, se prolongó durante los gobiernos constitucionales que se sucedieron entre 1973 y 1976 y los de la última dictadura militar.Ricardo Lona se presentó a las 10 de ayer en los juzgados federales, acompañado por sus abogados. En la ocasión, el ex magistrado anunció la presentación de dos escritos en los que resume su actuación en los hechos que se investiga y en los que niega la responsabilidad que le han atribuido los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Juan Carlos Grande.
Lona sostuvo en su declaración no sólo que no es responsable de los delitos que se le imputan sino que "tiene la conciencia tranquila" porque los responsables de la masacre están en prisión preventiva por las investigaciones que él hizo.
El ex juez, que venía eludiendo su citación como imputado desde el año 2005, sostuvo que, "en un primer momento y a lo largo de varios años", ni la prensa ni los familiares de las víctimas contradijeron la versión "oficial" del enfrentamiento armado como causa de la muerte de las víctimas. Lona nada dijo, sin embargo, sobre la posibilidad de que esa "falta de contradicción" de la versión oficial estuviera motivada por la ausencia total de libertal de prensa durante la dictadura en la que se desempeñó como juez o con la inseguridad en que durante ese periodo vivieron los familiares de las víctimas.
Entre los argumentos jurídicos esgrimidos por Lona en su defensa merecen destacarse dos.
El primero, que alude a la posibilidad que tuvo el ex juez de aplicar la Ley 22.924, dictada por el gobierno de facto, y que es conocida como "Ley de Autoamnistía". Lona dijo que, de haber simpatizado de alguna forma con los autores del hecho, o de haber compartido su ideología, le habría bastado con aplicar dicha ley y declararse incompetente. Lo cierto es que, aun durante la vigencia del gobierno dictatorial, un número bastante considerable de jueces se negó a aplicar aquella norma por su manifiesta inconstitucionalidad. Al ex juez salteño le hubiera resultado sumamente incómodo declararse incompetente en la causa Palomitas, sobre todo teniendo en cuenta sus expectativas de que el Senado democrático (que surgiría de unas elecciones celebradas sólo una semana después de su resolución de 23-10-83) aprobara su pliego para continuar en el cargo.
El segundo está referido a la resolución adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1984 por la que la "causa Palomitas" fue declarada de competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Lona sostiene que la acusación formulada contra él por el militar Mulhall se desprende de un sumario militar "labrado de apuro" con el propósito de "plantear la inhibitoria del Juzgado Federal de Salta".
Como se recordará, Ricardo Lona enfrentó a un Jury de Enjuiciamiento por su presunta participación en actos de violación de Derechos Humanos. El Jury finalmente lo absolvió en fallo dividido ('no llegaron a reunirse los votos necesarios para destituirlo', dijo la prensa), pero sólo una vez que Lona hubiera presentado su renuncia al cargo. También se le recuerda como el principal valedor judicial de la lista Unidad y Renovación con la que el fallecido ex gobernador Roberto Romero intentó su último y exitoso asalto a la estructura del Partido Justicialista de Salta.