Esta semana se celebró un juicio ético y simbólico a José Alfredo Martinez de Hoz, Ministro de Economía de 1976 a 1981. El juicio fue organizado por diversas entidades y presidido por la señora Bonafini de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo. Según los organizadores, es la lentitud de causas judiciales y el hecho de que existan causas que no prosperan, que Martínez de Hoz y otras personas merecen este tipo de juicios en las plazas. A título personal confieso que no profeso ningún tipo de afinidad ideológica con el señor Martinez de Hoz como tampoco la profeso ya con la señora Bonafini. Recuerdo algunas de sus declaraciones públicas, especialmente las de apoyo a terroristas como los de la organización asesina ETA, y me estremezco por su violencia.
Siendo sólo ético y simbólico, podría aceptarse que organizaciones de derechos humanos realicen actos de este tipo en una plaza y juzguen a alguien sin que ese alguien - sea quien fuere tenga defensa y pueda asirse a las garantías que la ley le concede para su protección y amparo. Pero siendo sólo ético y simbólico, resulta enormemente preocupante que entre el público y como invitado destacado esté el Ministro de Justicia don Julio Alak.
En democracia la Justicia, de la que el Ministro Alak es representante institucional, se imparte en el ámbito de los tribunales; tiene sus autoridades y sistemas y si estos no funcionan adecuadamente y fallan, una de las tareas de ese Ministro y de su Ministerio es abordar las correspondientes reformas y soluciones. Esa, creo, es la responsabilidad pública que la sociedad espera de su Ministro de Justicia.
Hebé de Bonafini que actuaba en el juicio como parte, juez y jurado, dedicó unas palabras a los asistentes. He recogido a través de la página web de Madres de Mayo un extracto. Es este:
Pero por lo menos que se sepa, que el mundo entero sepa, que las Madres hacemos estos juicios para que el mundo sepa quiénes son, que los militares no lo hicieron solos, que estos que hoy andan rondando por aquí y por allá y pegando duro porque no saben qué hacer, los mal llamados del campo también estuvieron aquella vez para secuestrar, matar, torturar, violar y robar a este país y a nuestros queridos hijos. La dictadura no lo hizo sola, lo estamos demostrando con este juicio a Martínez de Hoz. También, alguna vez, vamos a hacer a los burócratas genocidas de algunos sindicatos que señalaban a nuestros hijos, los que querían ser verdaderos trabajadores como Pichinini que fueron señalados por otros burócratas también van a ser juzgados en esta Plaza. Alguna vez también juzgaremos a los obispos que todavía andan por ahí dando vuelta, también en esta Plaza; y alguna vez a los periodistas que con su accionar hacen mierda, difaman y hacen que nos peguen duro como a nuestros hijos. Ese periodismo que decía que los hijos eran terroristas y que las Madres éramos terroristas, a ese periodismo, que lo tenemos bien identificado, también los vamos a juzgar aquí en esta Plaza, ellos no se van a salvar, porque estos juzgamientos son éticos.
Pudo ocurrir hace más de 30 años que obispos, burócratas, sindicalistas, periodistas y el resto de sectores civiles que la señora Bonafini señala, colaboraran por omisión o por acción con la dictadura; pudo ocurrir que se produjeran delitos, no lo dudo, aunque no todos, jurídicamente hablando, fueran de lesa humanidad. Todos aquellos insisto -, que no lo fueran, están prescritos y todos aquellos que lo fueran, deben ser denunciados con nombres, apellidos y datos, no en una plaza sino en un Tribunal de Justicia. Es en este punto concreto donde preocupa y mucho, que el Ministro de Justicia de un gobierno constitucional y democrático avale con su presencia palabras que acusan a casi todos.
Hay cientos de ejemplos históricos que demuestran, precisamente la señora Bonafini debería más que nadie recordarlo, que cuando se ansía impartir justicia con una sola mano y se desequilibra esa imagen que la representa, la balanza, puede incurrirse en conflictos y arbitrariedades que terminan por desgarrar violentamente a las sociedades.
Tras este juicio, el Ministro de Justicia sostuvo que sería una señal positiva vincular judicialmente la complicidad civil con el régimen militar. Podría serlo, pero también lo sería creo no equivocarme al decirlo tan claro , que todos recordaran lo que la Corte Suprema definió como lesa humanidad y lo que la Constitución y en concreto su artículo 18, establece para los delitos que no son de esa categoría jurídica. No creo que más de 30 años después, deba ser la sociedad civil quien tenga que recordarle al señor Ministro ni lo uno ni lo otro.
Al finalizar el juicio, el acusado fue declarado culpable y condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado; lo fue por delitos de genocidio económico y represivo. Los organizadores quisieron así enviar a los tribunales y al Ministerio Público un mensaje y cito textual: el de que es indispensable juzgar a todos los que tuvieron como autores directos, mediatos, partícipes necesarios o encubridores, intervención en este genocidio".
Este asunto requiere la reflexión serena y pausada de todos. Es entre todos que debe decidirse qué clase de Justicia, rotunda, firme y ágil, pero con garantías y sin ánimo de vengar a nadie criminalizando a todos , desea para sí la sociedad argentina.
A la cabeza de esa reflexión deberían situarse el Ministerio de Justicia y sobre todo su Ministro, para - insisto de nuevo -, decidir serena y pausadamente acerca de la Justicia, la Seguridad y los Derechos Humanos en la democracia argentina.