Desde hace meses un caso grave de corrupción, sobornos y negociados deplorables ha salpicado de lleno al Partido Popular y unos cuantos de sus miembros; algunos de ellos destacados y en cargos principales. La trama del caso, que ha sido llamado Gürtel, es muy complicada y el sumario judicial enorme (más de 17.000 folios). Al mismo tiempo, partes del sumario secreto o escuchas policiales y conversaciones privadas se han ido filtrado a la prensa; ha habido incluso acusaciones contra el gobierno por el uso que pueda estar haciendo del caso para perjudicar al PP. Hasta el día de hoy muchos líderes del PP han emitido declaraciones oficiales pero sólo uno, Esperanza Aguirre, ha actuado de forma explícita y contundente. Ha ido apartando de sus cargos y responsabilidades a todos y cada uno de los imputados - todavía no juzgados por tanto en no culpables hasta que se demuestre que se iban conociendo y que pertenecieran al PP madrileño.
La presunción de inocencia existe; es más, es un principio y derecho básico en un estado democrático. Lo debe ser para cualquier ciudadano y también para los políticos. Si se es inocente o culpable debe ser dirimido en los tribunales. Pero los políticos, que ya gozan de muchos privilegios, tienen una responsabilidad que no tenemos el común de los mortales: la responsabilidad política en sus cargos.
A ella ha apelado la señora Aguirre. Ha hecho lo que creo debe hacerse: forzar la dimisión y desvincular oficialmente del partido a los imputados. Algo que suena a normal y lógico pero que ha sorprendido a prensa y ciudadanos. Se ve que las buenas costumbres hace mucho tiempo que se habían olvidado. Lo normal, ahora es casi épico.
No digo que con su actuación Aguirre no persiga también otros fines: dejar en mal lugar o poner en evidencia a Mariano Rajoy, líder máximo de su partido, que habla pero de momento no hace dimitir a nadie; o pensar en ella y su particular futuro político más que en el de su partido. Me es lo mismo: como simple ciudadana aplaudo y agradezco su ejemplar comportamiento.
Es cierto que está por demostrar que los imputados hayan cometido realmente actos delictivos, pero ya ha quedado acreditado a estas alturas que abrieron las puertas de su partido a personas indeseables que aunque no eran del mismo, lo usaron para hacer negocios privados. Hay evidentes responsabilidades políticas que asumir y Rajoy, la máxima cabeza del PP duda y no se atreve a cortar por lo sano. Me parece que no es consciente de la decepción y pérdida de votos que su comportamiento puede ocasionar entre sus votantes habituales y en el resto de ciudadanos que quizás pensara en votarle. Ese coste va a ser mucho mayor que perder a tal o cual dirigente.
Después de una trama de corrupción, sea en un partido político o en un gobierno, el problema no se acaba sólo dimitiendo o haciendo dimitir a alguien de su cargo; eso lo sabemos todos. El problema se soluciona cuando un tribunal juzga y aplica un castigo a los culpables. Pero mientras, y precisamente porque antes he mencionado a los estados democráticos, - no por ley sino por respeto y ética ante el ciudadano se debe apartar de su cargo a todo aquel que haya podido no ser honrado.
El ciudadano, el votante, ocurre en España y en otros tantos países, también en la Argentina, está cada vez menos implicado y más apático ante la política y los políticos. Las razones seguro que son múltiples y podrían ser objeto de un exhaustivo análisis, pero estoy convencida que una de las principales es la frustración ante tanto privilegio frente a la casi nula exigencia de responsabilidad y escaso castigo que reciben todos aquellos políticos que son corruptos.
Como hizo en su columna Raúl del Pozo, un excelente analista político de España, yo también cito hoy a Tocqueville, que dijo: no conozco más que un medio para impedir que los políticos se degraden, el de no conceder a nadie, con su omnipotencia, el poder de envilecernos.