Buscan aplacar la preocupación por una progresiva judicialización de los conflictos sociales que ha saturado las estructuras del tercer poder y no son los únicos adelantos que la ciudadanía conoce sólo por vía periodística. Por ejemplo, se lanzó la idea de instaurar juzgados con dos magistrados en la línea decisoria. El Secretario de Justicia entiende, rudimentariamente, que el cuello de botella se produce en los niveles resolutivos y pregona la necesidad de que haya más jueces para dictar sentencias.Antes, el funcionario aseguró que pronto se designarían los Jueces Contravencionales para entender en faltas administrativas que, sólo en esta parte del mundo, conllevan sanciones de privación de libertad. Para la Organización de Naciones Unidas, esta normativa, junto a la figura de la averiguación de antecedentes contemplada por la Ley Orgánica Policial, coloca a nuestra provincia -junto a Córdoba y Mendoza-, a la cabeza de los distritos con legislación represiva arbitraria y contrapuesta con las garantías individuales vigentes por imperio de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Pese a los deseos del anunciante, la pretensión ya ha comenzado a chocar con las restricciones presupuestarias y no hay certeza de que se ejecute.
Sin perjuicio de que cada declaración ha quedado solamente en los archivos periodísticos, estamos de acuerdo con que esta deuda institucional la de los jueces contravencionales- debe saldarse. Es inadmisible que la policía aplique las normas de manera autoritaria y sea el jefe de la fuerza el que resuelva sobre la legalidad de sus procedimientos. Sin atenuantes, puede afirmarse que la policía hace de juez y parte, con resultados funestos para muchos ciudadanos.
Los juzgados bifrontes, que complacerían al mismísimo rey Jano, se advierten demasiado complejos. Cuál sería la distribución equitativa de funciones entre los dos magistrados? Se verían obligados a tener acuerdos para uniformar los criterios del Tribunal o contarían con la autonomía propia de todo juez? Cómo funcionaría el sistema de recusaciones? Se desdoblarían las potestades disciplinarias y administrativas que actualmente se concentran en una persona?
Con los juzgados de proximidad ocurre otro tanto. Se trata de dar vigencia concreta a los Juzgados de Paz para cuestiones de menor cuantía o se extenderá la competencia a litigios que ahora son tratados por miembros del Poder Judicial? Los jueces que se designen deberán concursar ante el Consejo de la Magistratura? Deberán residir en los lugares donde se asiente el Tribunal? Cuáles son las alternativas para los casos en que el titular deba apartarse? Existirán turnos para garantizar un funcionamiento continuo? Se prevé integrar defensores oficiales para asignar patrocinio gratuito a los pobres? Se fijará la participación de fiscales en actuaciones que afecten el interés público?
Estos embriones de propuestas no pueden ser cuestionados en profundidad porque se desconocen las formas para su implementación. Demasiadas incógnitas irresueltas gobiernan la cartera ministerial en esta materia y la prudencia debería conducirlos a mantener en reserva planificaciones que, en algunos casos, lucen absurdas.
Saben que para modificar estructuralmente al Poder Judicial es necesario reformar por vía legislativa su ley orgánica y los códigos de procedimientos. También, que no cuentan con juristas de prestigio para bosquejar los proyectos y es hora que vayan a buscarlos.
Lo que no puede contar aval alguno es el intento de conformar una mayoría automática en la más alta esfera judicial. Al acceso casi clandestino y politizado de integrantes sin prestigio académico que caracterizó el pasado reciente, ahora se pretende incorporar dos letrados con probada adicción al nuevo régimen al que ya responden los actuales ministros por conveniencia natural. Ni el proceso de publicidad que se ha dispuesto hace pocos meses permite asegurar una selección imparcial. Esto socava, aún más, la ya devaluada independencia del máximo tribunal.
El trato protocolar para con los actores de la justicia también debe mejorar. Se ha conformado un Consejo Consultivo con autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores, el Colegio de Magistrados, el Ministerio Público y la Corte de Justicia. Sin embargo, a la reunión para intercambiar opiniones sobre los Juzgados de Proximidad, los ministros Juárez Campos y Marocco convocaron a algunos intendentes que supuestamente serán beneficiados con el aún imaginario cambio.
El resto de los miembros del órgano de consulta desconoce a la fecha el tenor básico de lo conjeturado. Tampoco se les remitió el proyecto que habilitará el incremento del número de jueces de la Corte. Es posible aceptar que estas iniciativas pasen directamente de los micrófonos a las cámaras legislativas sin que lo hayan digerido quienes desde sus lugares de incidencia contribuyen a sostener sistemas buenos o malos? Es que el Consejo Consultivo Judicial ha nacido para transitar por la hibridez? El autismo no es buena estrategia cuando se vende públicamente el apoyo de corporaciones con objetivos utilitaristas.
El ministro del área luce afligido por justificar un cambio que no fue y acude a cada acto político enarbolando un discurso ideologizante que poca incidencia puede tener a la hora forjar respuestas en su ámbito específico de actuación. Ningún juez de corte que defendió al esquema privatizador y acotó el marco de garantías ha sido removido o fue cuestionado por los que hablan de la revolución que, para ellos, arribó al poder en diciembre.
Ello aún cuando es cierto que la superpoblación de litigios entre otros factores- obedece preponderantemente a un incremento sustancial del índice de delitos contra la propiedad, provocado por el déficit social que ha construido una franja inmensa de ciudadanos sumergidos en la necesidad. Acaso podamos echar la culpa de casi todos los males al neoliberalismo que multiplicó la indigencia y concederle al ministro parte de una razón con múltiples aristas. Sin embargo, debiera saber que el peso de ley sólo cae objetivamente mientras no graviten intereses políticos.
Es una verdad tangible que el desprestigio de la Justicia encuentra causa adecuada en los altos niveles de dependencia con el poder político y la impunidad otorgada durante décadas a los asaltantes del Estado. Corruptos hay de izquierda y de derecha y, la mayoría de los que tienen antigüedad en la estructura provincial, perciben sueldos en los tres poderes del Estado Provincial.
Los dichos del titular de la cartera de Justicia han entrado en pugna con un singular estilo que antepone las proclamas por sobre las iniciativas concretas. Estoy seguro que el doble discurso y la dispersión de un funcionario encandilado por la marquesina se toleran con facilidad de sólo cotejar la saliente gestión, plebiscitada y derrotada. Sin embargo, debemos revelarnos frente a la inoperancia e improvisaciones que exasperan.