
Un simple cómputo de las nuevas mayorías legislativas gestadas por acuerdos interpartidarios o adhesiones individuales- permite sostener que de 60 diputados sólo 3 se enrolan en la oposición (2 del PO y 1 del PPS), mientras que en el senado solamente una representante (Silvina Vargas UCR) mantiene la línea crítica al urtubeysmo con el que comulgan los 22 senadores restantes. Semejante apoyo no encuentra causa en las virtudes de su corto derrotero, sino que es el resultado del pragmatismo que con exageración profesan los legisladores.
A pocos escapa que el frente que triunfó hace pocos meses yace moribundo. La incorporación del kirchnerismo al proceso normalizador del PJ le asestó un golpe letal. La concertación a la chilena que propusieron no ha tenido traducción orgánica y nada indica que el PJ que preside Juan Carlos Romero firme un acuerdo político con el PV y el PRS para darle andamiaje formal. Es más, ya nadie apuesta un centavo a que estos partidos propongan candidatos comunes en el proceso de renovación legislativa de 2009.
La coyuntura electoral próxima no es lo que más preocupación despierta. Sí provoca pesar que sean escasas las voces que puedan denunciar los defectos de gestión cuyos almácigos ya están sembrados- o sugerir alternativas superadoras a las escasas emanaciones del cambio prometido. Los socios electorales de Urtubey (PV, PRS, Radicales K, Movimiento Libres del Sur) no son lo suficientemente honestos para aceptar que el crédito electoral se les escurre rápidamente de las manos por sus comportamientos timoratos y la presencia indisimulada de los ultraromeristas.
No se animan a cuestionar los errores o las omisiones ante el riesgo que supone desaparecer del estamento gubernamental o ser marginados del reparto de cargos. Por el contrario, se han mimetizado con sus antecesores y a pesar de que se vendían electoralmente como adversarios ahora comulgan con ellos en estrategias de reparto presupuestario. Ya nadie habla de investigar la gestión pasada, sino de emularla.
Es evidente que la alianza carece de un proyecto de gobierno que -debe reconocerse- ya tenía complejo diseño ante la heterogeneidad de sus componentes. Nunca existió el equipo técnico que Urtubey pregonaba tener oculto y a resguardo de represalias. Esta imprevisión, a lo que se suma la ausencia de una estructura partidaria propia, condujeron al mandatario a sacrificar la coherencia y recostarse en el romerismo. No es obra de la casualidad que Fernando Yarade haya colocado a sus hombres en la cartera de Finanzas y Obras Públicas y en el Ministerio de Desarrollo Humano. La caja política y el reparto de la dádiva están en sus manos y no en la de quienes trabajaron en la campaña con el discurso revolucionario.
Este senador es el mismo que da abrigo salarial a Altube, Camacho, Medina, López Asencio, Portal y otros notables del dispendio. He aquí uno de los matices que admite la hipótesis del acuerdo Urtubey-Romero, que naturalmente obtiene la casi totalidad de la voluntad política institucional y que puede considerarse el resultado lógico de lo que constituyó una interna abierta del justicialismo en la que arrasaron con el pluralismo local más que con la ingenuidad de Walter Wayar.
Es necesario torcer la inercia que impone que la presidencia de un cuerpo legislativo involucre resignaciones funcionales por acuerdos políticos. No es un dato menor que la única pelea se restrinja a la caja presupuestaria y no al modelo de parlamento que queremos. Hasta parece una ironía que sean los diputados y senadores quienes se ofrenden en bandeja a quien por atribuciones constitucionales deben tener bajo control continuo. No por propensión desmedida a la beligerancia, sino porque es la única forma de cumplir con la manda que instaura el contrapeso frente a un Príncipe que tiende naturalmente al abuso.