Teinta y tres años atrás, el 10 de junio de 1975, el diario La Opinión informaba que Celestino Rodrigo, recién designado ministro de Economía de María Estela Isabel Martínez de Perón, se esforzaba por contener la fuerte puja distributiva que lideraba la conducción gremial. Argentina emergía de meses de intervencionismo y contención artificial de la inflación, durante los cuales se había desquiciado todo equilibrio en los precios relativos de la economía. Funcionario de un gobierno débil, Rodrigo tenía la ilusión "hacer las cosas bien" y ponerlas en su debido lugar; no pretendía, en esos primeros escarceos, sofocar los reclamos gremiales, sino acotarlos, ponerles un tope: entre 38 y 40 por ciento. La mayoría de los sindicatos reclamaba el doble. La crisis política lo obligó a renunciar en menos de dos meses. Martín Lousteau, hoy joven titular del Palacio de Hacienda del gobierno de la señora de Kirchner, también esta preocupado por los precios relativos y, sobre todo, por el creciente proceso inflacionario. Aunque el cargo lo obligue a disimularlo, el ministro no toma en serio las cifras producidos por el INDEC , que asignan al año 2007 un incremento de menos del 9 por ciento en el costo de vida. Por eso, opinó que el tope de los aumentos no debía superar el 20 por ciento, una vía oblicua pero indubitable de cuestionar la manipulación numérica que se desarrolla en un área que, en los organigramas, depende de él mismo (si bien él no controla).
En rigor, nadie toma en serio esas cifras que, entre otros flagrantes delirios, afirman que los costos de veraneo fueron este año inferiores a los del año anterior (por caso, que los alquileres en zonas de vacaciones bajaron un 24 por ciento). Como el gobierno hizo estallar no sólo la veracidad, sino también la verosimilitud en materia estadística, los gremios reclaman incrementos que superan (en algunos casos duplican) el tope porcentual proclamado por el gobierno. Los empresarios de la UIA, escandalizados, reclaman que no se traspase el 15 por ciento, pero los primeros convenios firmados por ejemplo, el de los camioneros de Hugo Moyano, que pretende ser emblemático- entre letra grande y letra chica alcanza el 25 por ciento. Y muchos sindicatos toman eso como piso, no como techo.
Por su formación académica, el joven Lousteau es sensible a los peligros inflacionarios y desconfía del método empleado hasta ahora por el oficialismo para maquillarlos: no cree que los índices manipulados ataquen el mal; tampoco tiene fe en el nuevo índice elaborado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que quita de la muestra de precios aquellos rubros que más se resisten a sus deseos: el costo de los alquileres, por nombrar uno.
Todo hace conjeturar que el manejo del tema precios y salarios está provocando condiciones tormentosas en el gobierno, y que los truenos por ahora asordinados empezarán dejarse oír con nitidez en poco tiempo. No cabe descartar que Lousteau, si confirma que carece de margen de maniobra para guiar las decisiones que influyen sobre la situación inflacionaria, termine buscando o encontrando algún motivo plausible (no escasean) para eyectarse del elenco oficial. El no es el único alto funcionario que trata de avizorar qué le depararán los idus de marzo.
El tránsito, a menudo forzado por los hechos, entre la realidad maquillada y la verdad sin afeites eso que suele llamarse sinceramiento- suele ser un proceso de rasgos traumáticos. Durante la gestión de Néstor Kirchner (y con mayor insistencia cuanto más acuciante se volvía la cuestión) se rechazó la idea de que la Argentina enfrentara una crisis energética. Para evitar que las dificultades provocaran malos ecos políticos, se racionó la energía que requerían sectores de la producción en beneficio de las zonas residenciales (aunque no se pudo evitar que hubiera también en ellas extensos cortes, en primer lugar en los lugares más apartados de la influencia social o mediática). Recién hace unas semanas la señora de Kirchner admitió de hecho los problemas, al promover un plan de cambio de bombitas eléctricas privilegiando las de bajo consumo. Esa, una de las contadas iniciativas de la presidente en estos dos meses y medio de gestión, no contó con el énfasis que requiere una situación complicada. Tan complicada que el canciller de Brasil, Celso Amorim, que acompañó al presidente Lula Da Silva en su viaje de estos días a Buenos Aires, narró a la prensa que la Señora de Kirchner "nos dijo que Argentina tendrá un serio problema en invierno". La presidente debió confiarle a su colega de Brasil algo que aún no ha admitido en voz alta a los ciudadanos argentinos, porque debía solicitarle ayuda en materia energética. Argentina contaba con una provisión de gas boliviano que el gobierno de Evo Morales no podrá disponer. La multiplicada influencia regional de Brasil le aseguraa a Lula que el gas del Altiplano priorice la demanda brasilera. Y el presidente de Petrobras que dice sin anestesia lo que Lula y Amorim deben suministrar con cortesía- ya adelantó que "para nosotros es imposible ceder a la Argentina una molécula del gas que importamos desde Bolivia".
Así, al sincerarse, la "inexistente" crisis energética argentina se refleja como el vaticinio de un "grave problema". Y la pérdida de peso derivada del creciente aislamiento regional se expresa en la dificultad para ser aprovisionados por uno de los escasos gobiernos (el de Evo Morales) con el que la Casa Rosada estrechó lazos en estos años.
Tantas cuestiones han sido sometidas en los últimos tiempos al tratamiento estético, para presentarlas adecentadas por el colorete de la narración oficial, que los instantes en que alguna luz impiadosa las toca producen estremecimientos. Algo de eso ocurrió pocos días atrás, cuando Eduardo Duhalde celebró que en el gobierno reinara "el doble comando", ya que dijo- "Cristina de Kirchner no sabe gobernar". La voz del ex presidente, aunque lo haya hecho con tono elogioso, subrayó algo que ha sido señalado reiteradamente por los analistas: la figura del esposo pesa sobre las decisiones de la señora presidente y eso no sólo es evidente, sino que también provoca una suerte de eclipse de la autoridad de ella. Ese tono menor, secundario si se quiere, que termina adjudicándose a la presidente electa, puede confundirse con la incapacidad mentada en aquella frase. Duhalde dijo lo que muchos piensan, reveló un ángulo de la realidad. Y el gobierno sintió el golpe, por eso todo el ballet oficialista hizo cola para responderle a Duhalde, en primer lugar aquellos que por no tan antiguas intimidades con él- debían demostrar sin ambigüedad que han cambiado de amistades.
En el Congreso, el radicalismo encabezado por su presidente, el senador Gerardo Morales, desafió el relato oficialista sobre el caso Grecco (el proyecto firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Felisa Micelli que disponía el pago de una millonada a los derechohabientes de aquella empresa, entremezclados con pequeños litigantes), denunció a los responsables de esa propuesta y despintó los adornos tras los que se disimuló el grave hecho.
Tras llovido, mojado: otro ex presidente, Carlos Saúl Menem, apuntó contra el maquillaje del oficialismo. A raíz de los aprestos para convertir a Néstor Kirchner en presidente del Partido Justicialista, señaló que esa invocada normalización partidaria "es tan cierta como las cifras del INDEC". El toqueteo de las estadísticas oficiales, las gambetas en relación con la crisis energética, los cuentos y desinformaciones sobre asuntos clamorosos quizás funcionan y embellecen durante un tiempo. Pero cuando alguno de esos secretos que sostienen la fantasía se revela, el descubrimiento proyecta dudas sobre el conjunto de la imagen, toda ella pasa a ser sospechosa de artificio y manipulación.
El invento estadístico del gobierno no resuelve la inflación, ni convence a quienes discuten precios de productos, servicios o trabajo. En cambio empieza a convertirse en sinónimo de falta de credibilidad de la palabra oficial no sólo en ese campo. Deja de ser una manipulación técnica para volverse un grave problema político.