El nivel de odio a las personas y menosprecio a las instituciones que rezuman estos mensajes no es materia con la que deban lidiar los periodistas o los comentaristas políticos. Más bien merece ser analizado por un equipo de psicólogos, pero no de unos psicólogos cualesquiera. Hablo de un sanatorio en Viena, de una sala redonda con profesionales de guardapolvo blanco mirando desde la tribuna, o algo de nivel parecido.Pocas veces se ha visto en la política salteña una obstinación tan cerrada y una ceguera tan pronunciada como la que destila esta particular campaña.
Porque tras doce años en el gobierno, después de haber reinado sobre vidas y haciendas con la impunidad absoluta de un sultán y de haber acumulado una cantidad de poder y de riqueza personal históricamente inédita para un territorio pobre como Salta, el que se agite el tema de la custodia policial a su domicilio como si se tratara de un gran escándalo de corrupción, o un drama nacional, sólo puede obedecer a dos causas:
1) Que detrás de esta campaña haya una persona definitivamente enceguecida por el odio, que no sólo pretende que cese la custodia policial por razones de igualdad y de austeridad republicana, sino que, en verdad, lo que desea es ver al exgobernador humillado, destruido, despojado de toda influencia y definitivamente liquidado, si no muerto, para la política y para la simple vida civil.
2) Que esta campaña sea sólo una cortina de humo para endilgar a Romero un "defecto menor", como lo sería disponer de una custodia con cargo al Estado, y dejar en segundo plano una enorme cantidad de actos públicos y privados sospechados de corrupción, de amiguismo, de enriquecimientos de dudosa legalidad y de negligencias técnicas e institucionales.
(Una tercera posibilidad, si bien mucho más remota, atribuiría la autoría de la campaña a la sufrida compañera de algún custodio policial, insatisfecho con su trabajo, con la paga o con ambas cosas).
Un gobierno, como el que encabezó Romero, que dedicó sus últimos 45 días a "sembrar de minas" las instituciones y a colocar bombas de relojería en determinadas áreas de la economía, la educación o la justicia de Salta, y que empeñó sus 12 años en confeccionar listas negras y propiciar la "muerte civil" de muchos opositores, merece un juicio mayor de la ciudadanía y no simplemente un cuestionamiento por "disponer de custodia oficial".
Empeñarse en una campaña inútil como esta equivaldría a reivindicar que a los reos de Nuremberg se les hubiera juzgado por no barrer las calles de Berlín en mayo de 1945 y no por los crímenes de guerra que cometieron.