No falta, por supuesto, quienes piensan que tal laguna no existe porque la 'lógica republicana' señala que los 'cesantes' recuperan de inmediato su condición de 'ciudadanos comunes', sin prerrogativas ni privilegios ningunos.Si bien esto último es de desear en un sistema político sano, no siempre es posible suponer, sin más, que quienes se han desempeñado, por ejemplo, como gobernadores de la Provincia, recuperen de inmediato aquella ciudadanía común y hasta un cierto y saludable anonimato.
Lo normal, en los tiempos que corren, es que quien ha tenido altas reponsabilidades políticas, continúe 'expuesto públicamente' durante un cierto tiempo, difícil de precisar.
En algunos países republicanos los jefes de Estado cesantes y los exprimeros ministros disfrutan de algunos beneficios como el de un coche oficial y una custodia personal a cargo del Estado. En algunos casos estas "ventajas" son vitalicias.
En otros países se considera, incluso, normal que los antiguos mandatarios dispongan de una pensión vitalicia y de una oficina protocolaria.
Si la seguridad de sus ciudadanos es uno de los cometidos fundamentales de cualquier Estado, ¿por qué suponer que el Estado no deba prestar seguridad a aquellas personas especialmente expuestas?
La polémica en torno a la custodia policial a la casa del exgobernador Juan Carlos Romero tiene poco sentido. Quienes agitan esta cuestión actúan movidos más por un ánimo de revancha que por auténticos impulsos de igualdad. Más que pensar en las erogaciones que el Estado realiza por esta causa, piensan en someter al exgobernador a un status humillante, cercano a la indefensión.
El exgobernador Romero acumula todavía demasiado poder como para ser considerado un "don nadie" en la política de Salta, pero sólo la investidura que ha abandonado y el escaso tiempo transcurrido desde su cese como gobernador, justifica largamente la asistencia del Estado en su seguridad personal.