Ha mostrado hasta aquí un mayor rigor (y, desde ya, mayor sobriedad) que su predecesor inmediato. Pero ha exhibido también -todo hay que decirlo- algunas vacilaciones, silencios o improvisaciones, que son fruto de la ausencia de un verdadero programa electoral. Cabe esperar que el Gobierno supere estas carencias con trabajo, inteligencia y debates abiertos a la participación de todos los que tengan algo que aportar.Uno de aquellos asuntos estratégicos tiene que ver con el desarrollo en Salta de la sociedad de la información, y de las oportunidades que la misma brinda para la potenciación de la libertad y del bienestar.
O, lo que es casi lo mismo, con el derecho de todos los salteños a acceder efectivamente a las Nuevas Tecnologías, y con la definición del papel del Estado, de las empresas, de la escuela y de los expertos en la evolución de aquella nueva forma de producir, de crear y de interrelacionarse.
Cualquiera sea la fuente (INDEC, Barómetro CISCO, encuestas PRICE & COOKE, Índices de Tele-densidad) o el indicador que se utilice, es evidente que la sociedad de la información presenta en Salta un atraso considerable; tanto en relación con las medias nacionales como respecto de lo que sucede en países de desarrollo equiparable al de la Argentina.
Existe un apreciable déficit en materia de infraestructuras (la disponibilidad de telefonía fija y de banda ancha roza niveles de subdesarrollo), de equipamiento (en familias, empresas y organismos del Estado), de conocimientos básicos para acceder a Internet de un modo compatible con el progreso, y de actitudes imprescindibles en los tiempos que corren (curiosidad, capacidad de integrar las nuevas tecnologías a las rutinas de la vida cotidiana).
En este contexto, el anterior Gobierno creyó reforzar sus chances electorales anunciando (en septiembre de 2007) el Proyecto de Conectividad Inalámbrica e Internet de Acceso Libre (Wi-Fi Free) que prometía acceso libre y gratuito a Internet para cerca de 700.000 salteños.
La idea, mal que le pese a sus propulsores, nada tenía de original, aun cuando abordaba uno de los problemas centrales (que no todos), y lo hacía en una dirección aparentemente correcta.
Que se sepa, el señor Urtubey no ha emitido todavía opinión respecto de esta iniciativa heredada y no se conoce cuál haya de ser el área encargada de continuar, modificar o discontinuar el mencionado Proyecto.
Prisionero de su diletantismo en la materia, el Gobierno anterior enfocó el tema de la sociedad de la información como si se tratara de un asunto preferentemente técnico y mal asignó responsabilidades administrativas, creyendo de este modo disponer de una política para este área.
De haber vivido en tiempos de Gutenberg, el señor Juan Carlos Romero hubiera atribuido a la Secretaria de Industria o al sindicato de Artes Gráficas las políticas sobre el libro y la prensa.
En realidad, cuando a estas alturas hablamos de Nuevas Tecnologías en relación con la sociedad de la información hablamos, es verdad, de herramientas técnicas, pero hablamos fundamentalmente de producción de contenidos, de nuevas formas de expresión, de derecho al acceso, de alfabetización de los ciudadanos, de cultura local y de sus relaciones con otras culturas
Dejando de lado el punto anterior, hay que decir que mientras la decisión llega, el Gobernador de la Provincia decidió recibir a funcionarios de la empresa Microsoft, y habló con ellos de algunos aspectos de la misma sociedad de la información: Gobierno electrónico (aquí el déficit salteño es abrumador) e Internet en las aulas.
Nada más conocerse, la saludable iniciativa mereció ciertos reparos por parte de dirigentes de la misma mayoría que gobierna. A juzgar por lo que trascendió a la prensa, se trata de cuestionamientos insuficientemente fundados, que tienden a desenfocar el debate, y que parecen frutos de una preferencia ideológica (ciertamente respetable) antes que de una preocupación por conectar a Salta con el mundo y democratizar el acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información.
Dentro de este provisional e incompleto panorama, destaca también la decisión adoptada por la oficina encargada de los derechos del consumidor con miras a frenar los notorios abusos de la empresa que comercializa ARNET y que presta servicios de acceso telefónico a miles de salteños.
Mas allá de estar fundada en hechos inadmisibles (negligencias de ARNET e ineficiencia del servicio de reclamos telefónicos) y de responder a un propósito loable, la enérgica iniciativa oficial suena incoherente en tanto la solución propuesta (obligar a la empresa a disponer de una oficina física en donde el usuario pueda presentar sus reclamos y obtener satisfacción a sus derechos) apela a criterios y herramientas anteriores a la sociedad de la información.
Piénsese que los eventuales reclamantes son personas con acceso a Internet cuyo interés está en obtener soluciones inmediatas sin necesidad de abandonar la pantalla y trasladarse a un local para hacer las consabidas colas. La necesidad de poner un rostro humano a la atención de quejas nace, precisamente, de la desconfianza en esta suerte de despersonalización que domina las relaciones entre los agentes de la emergente sociedad tecnológica.
Cualquiera que conozca, aun superficialmente, el funcionamiento de estas tecnologías sabe que una ventanilla física no podrá solucionar los problemas que no puedan abordarse y solventarse a través de una ventanilla virtual.
No se niega aquí el derecho que, en virtud de la Ley 24.240, asiste al Gobierno de la Provincia para frenar los abusos y proteger los derechos del usuario.
Por el contrario, la posición crítica que aquí se esboza pretende sugerir al Gobierno que se haga cargo del problema, ejerza enérgicamente su poder de policía, pero que lo haga con las nuevas herramientas de la sociedad de la información, aun cuando para ello deba coordinar competencias con los órganos del Estado nacional.
Desde su irrupción en la vida provinciana, hace ya más de una década, Internet ha venido transformando algunos aspectos clave de la vida de relación de los salteños que tienen que ver con la comunicación, la información y la transmisión de imágenes y sonidos digitales. De esta transformación no son ajenos los poderes públicos, algunos de cuyos procesos internos y de relación con los ciudadanos están ya definitivamente marcados por estas tecnologías.
Nada, en consecuencia, justifica que el Gobierno siga posicionado frente al fenómeno de la sociedad de la información como una especie de árbitro tecnológico, como el supremo inversor en hardware y software, que muchas veces compra sin rigor a impulsos de concepciones técnicas que se contradicen entre sí.
Más tarde o más temprano, el Gobierno tendrá que plantearse la necesidad de abordar la sociedad de la información y la comunicación digital como fenómenos de la cultura de Salta y orientar sus decisiones políticas especialmente sus inversiones- hacia el fomento de la creatividad, la integración de los talentos dispersos, el desarrollo de nuevos espacios de relación entre salteños y de éstos con el mundo, y la creación de redes de cooperación entre productores de contenido, actuales y potenciales, capaces de añadir valor a nuestro acervo cultural, mediante su digitalización.
Se equivocaría quien piense que las anteriores postulaciones pecan de exotismo o de extravagancia: Unos años atrás, la primera carrera universitaria que abordó en Salta (más concretamente en nuestra Universidad Católica) la problemática de Internet y de la sociedad de la información, con dos asignaturas específicas, fue la de Relaciones Internacionales, que se aventuró a cambiar el enfoque tradicional del conocimiento informático y a reorientarlo hacia las herramientas emergentes. Es decir, el fenómeno se analizó entre nosotros desde la óptica de las ciencias sociales, como un hecho llamado a revolucionar la cultura y la vida social más allá de su estricta formulación técnico-informática.
La novísima ley española sobre Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (Ley 56/2007, de 28 de diciembre) podría inspirar la adopción de medidas en defensa de aquellos derechos que sintonicen en el servicio que se trata de tutelar.