
Urtubey con su más que mentada, mentida estatización del agua en la provincia, lo que pretende hacer creer es que una sociedad anónima con fines comerciales su COSAySASA- puede ser equivalente a un servicio público a cargo del estado. Y los señores diputados que lo aprobaron, en tantos casos con los más infantiles y ridículos argumentos, eso sí, presentados con una solemnidad oparrona casi untulula, no hicieron más que cumplir con el automatismo obediencial para avalar esa verdadera trampa que, como advertimos ya, sólo cambia la fachada, blanquea el sepulcro, sin corregir ni menos cambiar nada de lo esencial de la relación servicio- usuario del vital elemento. Es más, Urtubey mete al estado mismo y sin el menor derecho para hacerlo, pues es de toda Salta, no de él, dentro de la corruptela de ese sepulcro, insistamos, sólo blanqueado mediante el cambio de fachada con la creación de su COSAySA SA.
El agua es un derecho humano fundamental, se lo declare o no. Explicarlo es casi innecesario, si se piensa que el agua es vida, que representa el alimento número UNO; primero, por primario y fundamental. Por sólo ese motivo no puede, bajo ningún pretexto, ser tratada como una mercancía. Una sociedad anónima que, como dice el art. 1º del decreto de creación de la COSAySA SA de Urtubey (2195/09), se rige por la ley de Sociedades Comerciales, tratará lo que sirve, o sea, el agua, como pura y dura mercancía. Por ello, el Presidente del Ente Regulador, institución conocida por la población a causa de su proverbial enemistad con los derechos de los usuarios, fue directo al grano con pétrea impavidez: seguirán los medidores ilegales y se instalarán más, y de cualquier manera.
Pues bien: semejante trato comercial del agua para con la población salteña es directamente incompatible con el resguardo de ese derecho humano fundamental. No sólo nada cambia para mejorar la situación, sino que cambia empeorándola aún más: antes, si bien con los inmensos mimos y anuencia del gobierno tanto de Romero como de Urtubey-, era la anónima Aguas de Salta la que violaba el derecho humano al agua; ahora es el mismo estado el que participa como violador del derecho humano fundamental del agua, metido dentro del sepulcro, sólo para afrontar las inversiones y para que los vivos privados que compren las acciones, se lleven las ganancias. Observemos que nada menos que el señor Fernando Yarade es uno de los firmantes del Acta de Renegociación Contractual del 2004 con Aguas de Salta, en donde todo es brutal y desvergonzada ventaja para esa anónima y total desventaja para usuarias y usuarios y para el Estado Provincial; sería más que ingenuo descartar que esto se reitere.
En cuanto al famoso decreto de rescisión del contrato de concesión (2190/09) del Estado salteño con Aguas de Salta SA, que tanto acuerdo ha cosechado entre los diputados, sus considerandos espigan una interminable lista de barbaridades del accionar de esa anónima, de infeliz recuerdo tan ponderada también por Urtubey en su momento, como si no se supiera qué pillerías se traían entre manos- y tan beneficiada incluso este mismo año con un subsidio gubernamental ¡de más de treinta millones de pesos! Pese a ello, en esa lista, ni se menciona uno de los puntos clave de la relación empresa - usuario del agua, a saber: el fetiche de toda privatización del agua en el mundo, el medidor. Y justo no lo menciona porque es el punto definitivo para discernir dónde se sitúa la trampa de esta falsa reestatización. Tucumán reestatizó el agua en 1999 y hoy no existe medidor alguno en toda esa gran ciudad. Es más: se abona una tarifa fija bimensual inferior a la de Salta en más de la mitad. Y estos rimbombantes anuncios de Urtubey con su COSAySA-SA, nada han tocado de ese preciso punto. Ninguno de los dos decretos: signo de que todo está como era entonces , y el famoso cambio de Urtubey con sus socios, nada ha cambiado en este tema político, como en tantos otros.
Por ello, en la tan ponderada rescisión del contrato no existe ni una sola palabra de la ilegalidad de la obra del medidor, de la clandestinidad certificada de la misma, de la irregularidad de los tan truchos aparatos, ni, menos, del robo masivo de llaves maestras y otros materiales, perpetrados por Aguas de Salta SA en número de más de treinta y cinco mil (¡son toneladas y toneladas de bronce robadas!, ¡toneladas y toneladas de hierro fundido robadas!, ¡toneladas y toneladas de plomo reforzado robado y denunciado de mil modos por vecinos salteños! ¡Un robo avalado por el Ente durante las presidencias de Mazafra y de Posadas, funcionario de Urtubey y predicador de un cambio de filosofía en ese ente, sin entidad de control ni menos de sentido servicial de lo público!).
De una sociedad anónima a otra sociedad anónima con fines idénticamente comerciales no hay cambio alguno, sólo que ahora, reiteramos, el Estado está complicado en los enredos de violación al derecho humano del agua. Como el olímpico fiasco de Aguas de Salta con sus fechorías era una sociedad anónima, entonces Urtubey con todos sus ministros concluye que la figura jurídica de otra sociedad anónima será lo más adecuado. ¡Vaya indigencia argumentativa, vaya razonamiento paupérrimo, con su gato encerrado! ¿Será que los salteños aceptaremos impertérritos que se nos pase el cuarto del prostíbulo católico de la COSAySA-SA de Urtubey?
El Consejo Provincial por el Cuidado del Agua, con las juntas del agua, las asociaciones y los partidos políticos con sensibilidad social, seguirán despertando a los dormidos, pese al diálogo de sordos con los Sres. Diputados, y haciendo ver que, como lo prescribe la Constitución y violaron Romero y ahora alegremente Urtubey con la misma Dictadura de las Aguas en Salta, el agua no puede ser concesionada a personas privadas y la población tiene participación en todo lo que concierna a aquélla (art. 83 de la Constitución de Salta). Por la vida, más allá del Cartel del Agua de la extinta Aguas de Salta SA y la COSAySA-SA de Urtubey, seguiremos luchando bajo el grito libertario y güemesiano de siempre:
¡El agua de Salta, al pueblo de Salta!