La Corte en su actual composición ha tomado la sana costumbre de convocar a audiencias públicas cuando se presentan temas de trascendente interés social, político o económico, que por lo general involucran políticas de estado
o a la ausencia de ellas. La recuperación del Riachuelo se constituyó en paradigma. En esta audiencia se presentaron las partes contrapuestas, es decir, Greenpeace Argentina por un lado, y por otro la empresa mixta Investigaciones Aplicadas (INVAP, para responder por los términos del contrato y si por la cláusula en cuestión ganó la licitación), la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Cancillería (para responder acerca de la capacidad nacional para el acondicionamiento de los combustibles gastados). El punto central era establecer si la bendita cláusula viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos radiactivos. Cabe señalar que el acuerdo con Ansto prevé que pueda enviar a la Argentina el combustible usado en el reactor adquirido para ser acondicionado en Argentina y devuelto a Australia para su uso posterior allí. El debate jurídico consiste ahora en establecer si residuo nuclear -tóxico- equivale a combustible nuclear usado, lo cual a su vez implica una disquisición técnica difícil de compatibilizar frente a posturas cerradas, que a su vez implican carencia de propuestas alternativas. Es la historia del perro del hortelano. De hecho, los técnicos aclaran y justifican por qué no son la misma cosa, además de así estipularlo la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, adoptada en Viena en septiembre de 1997, aprobada por ley nº 25.279/2000.Desde aquellos lejanos años de estudiante de abogacía en la UBA, el tema nuclear me atrajo vivamente, por dos razones centrales: en primer lugar porque desde la creación de la CNEA hasta hoy, y pese a todo, la política nuclear argentina es de las pocas, poquísimas, que podríamos considerar de Estado, al punto que nuestro país ha ganado de pleno derecho un lugar en el mundo y se lo respeta por la calidad y seriedad de sus científicos y emprendimientos (reactores nucleares fabricados en Argentina se hallan instalados en distintos países del mundo). En segundo lugar, tengo muy presente el esfuerzo de técnicos y científicos argentinos que contra viento y marea -léase Menem y Cavallo y quienes los apoyaron desde el Congreso- han logrado sostener el desarrollo nuclear nacional.
La CSJN tiene una ocasión excelente de hacer alta política con un fallo que ponga las cosas en su lugar, que avente los fantasmas de la desinformación usualmente esgrimidos (tipo Chernobyl y otros por el estilo), a fin de que no se frene lo obtenido con tanto esfuerzo. El tema se hace particularmente delicado para una provincia uranífera como Salta, y no es la primera vez lo trato en mis notas. Las leyes ambientales, como todas, están para ser cumplidas en un marco de racionalidad que contemple los intereses de las partes involucradas en función del bien común. Nuestra provincia tiene un enorme potencial minero que no puede quedar bajo tierra, como en su momento pretendían los nacionalistas de opereta respecto del petróleo y el gas. La soberanía está en extraer, explotar, transformar los recursos naturales con todos los reaseguros de la sustentabilidad, a lo cual nuestro país se halla comprometido ante la comunidad internacional. De allí a frenar el desarrollo hay un trecho muy grande. Mientras tanto los salteños perdemos el tiempo lamentablemente.