El triunfo electoral en Salta de Juan Manuel Urtubey significa la derrota del romerismo, un régimen autoritario y personalista que aplicó políticas perversas inspiradas en el neoliberalismo y en el menemismo, lo cual implicó la destrucción del espacio público como ámbito de construcción de la democracia y del bienestar social, la entronización del mercado como árbitro supremo de la asignación de recursos y distribución de la riqueza, que tuvo como consecuencias sociales la fragmentación y la exclusión de la mitad de la población salteña que está por debajo de la línea de la pobreza. En este contexto de crisis, inseguridad y frustración es posible, de inmediato, iniciar la marcha hacia nuestra recuperación. Particularmente, nuestra provincia puede, en efecto, ponerse de pie por sus propios medios e insertarse plenamente en el orden nacional asumiendo el comando de su propio destino.
Nuevo modelo de crecimiento
En este escenario, se propone una política centrada sobre la erradicación de la pobreza y la redistribución progresiva e inmediata del ingreso. En el corto plazo, esto permitirá una rápida recuperación de la demanda.
Ello deberá ser viabilizado por una expansión del crédito, necesaria para aumentar la producción y el empleo. Este curso será potenciado por la ejecución de planes de obras públicas con alta utilización de mano de obra y adquisición de insumos locales. En definitiva, es necesario sustentar el bienestar y la equidad sobre las bases reales de la producción y el empleo.
La política de recuperación y ordenamiento requiere instalar un nuevo modelo de crecimiento centrado sobre los sectores de la producción y la infraestructura económica y social.
Es indispensable y posible aumentar la tasa de inversión en un nivel que viabilice un crecimiento sostenido de la producción.
El aumento del ingreso permitiría, simultáneamente, diseñar e implementar una política social que enfrente las necesidades más urgentes y estimule la cultura del trabajo y la participación. En el corto plazo, se debe incluir la recomposición del salario real.
Es así posible reducir la indigencia de hogares en el primer año y reducir la pobreza en niveles substancialmente inferiores a los verificados en la década de los 90, en un período de cinco años. Esto significa erradicar el hambre de la Provincia de Salta.
Políticas públicas
El Estado provincial, democráticamente conducido por Juan Manuel Urtubey, tiene que cumplir funciones rectoras en la vida económica y social. Debe constituirse en un actor central de este proceso, para lo que es preciso su reconstrucción. Los aspectos técnicos, que involucran saberes especializados, si bien imprescindibles, deben considerarse necesariamente complementarios y no sustitutivos de las metas políticas.
Ello permitirá recuperar el comando de los instrumentos esenciales de la política económica. Planteamos una reforma tributaria profunda y progresiva como condición indispensable para la estrategia de reactivación y crecimiento, como así también la transparencia del gasto público, la eliminación de las erogaciones injustificables, el aumento de la oferta de bienes públicos (educación, salud, infraestructura sanitaria, vivienda, seguridad, justicia) y el comportamiento de las cuentas fiscales compatible con la situación coyuntural de la economía provincial.
Los servicios públicos han sido privatizados en su mayor parte y transferidos a la propiedad de no residentes. Es necesario reformar los marcos regulatorios para compatibilizar la defensa de los intereses de los consumidores y de la provincia con la viabilidad económica y financiera de las empresas privadas.
La provincia de Salta debe recuperar y preservar las fuentes de rentas originadas en la explotación de los recursos naturales no renovables.
Se requiere articular las políticas sociales de modo que las urgencias de corto plazo no conspiren contra las soluciones estructurales de mediano y largo plazo.
A la urgencia de implementar el combate a la pobreza y el desempleo, se suma la de resolver una serie de problemas estructurales de índole económica y social, en particular, los generados por la crisis del sistema de seguridad social y por el de salud.
En cuanto al sistema de Seguridad Social, su privatización ha dado lugar a un sistema de elevado costo de funcionamiento y no ha demostrado capacidad para asegurar una cobertura universal y adecuada para la población. Resulta entonces ineludible que el Estado asuma la plena responsabilidad en la materia, sin perjuicio de la existencia de un sistema privado de ahorro voluntario con fines previsionales.
Educación, ciencia y tecnología
La educación, la ciencia y la tecnología son los elementos esenciales del desarrollo y del bienestar en el mundo contemporáneo. Ello debe ser ratificado en el diseño de la política presupuestaria reconociéndole su carácter prioritario.
Es importante proponer una política activa para elevar la calidad, cobertura y asignación presupuestaria de la educación pública en todos sus niveles. Insistimos, asimismo, en la necesidad de ampliar también los recursos destinados a ciencia y tecnología y el desarrollo de acciones para integrar la oferta de conocimientos con su demanda e integrar el conocimiento importado en el propio acervo científico y tecnológico.
La Universidad Nacional de Salta debería cumplir funciones esenciales en todos estos campos, sin embargo su presencia es opaca, por eso es necesario proponer una política de articulación entre el estado provincial y la UNSA, porque sin crecimiento de la demanda de ciencia y tecnología y personas capacitadas, sólo puede aumentar la fuga de cerebros y el desperdicio de recursos. No hay futuro para la educación, la ciencia y la tecnología sin desarrollo económico con equidad.
Al mismo tiempo es fundamental la articulación con organismos de excelencia como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Una política que preserve el medio ambiente e impida la deforestación debería ser prioritaria para el nuevo gobierno de Salta.
En síntesis, la vigencia de un estado democrático, la estabilidad institucional, el combate a la pobreza y a la desigualdad social, y la seguridad jurídica son condiciones necesarias para el progreso de Salta.
Finalmente, es necesario subrayar que es imprescindible afianzar la seguridad jurídica y el orden institucional en una economía viable, sustentada en el pleno empleo de los recursos disponibles, el aumento de la productividad y la participación de los ciudadanos en los frutos del desarrollo.
(*) Doctor en Sociología. Integra los equipos técnicos del gobernador electo de Juan Manuel Urtubey. Autor de Utopía y desencanto. Creación e institucionalización de la Carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires (1955-1966). Editorial Miño y Dávila. Buenos Aires, 2005.