En nuestra provincia la matrícula debe estar alrededor de los 5000 abogados, pero naturalmente no todos ejercemos la profesión: muchos están jubilados, murieron o ejercen algún cargo que inhibe el ejercicio profesional libre; o directamente colgaron el diploma en la pared y a otra cosa. De modo que me pareció magro un padrón habilitado de 1600 colegas y más magro aún que hayamos participado del comicio apenas un 65 % de ese padrón, con el agravante de que competían por primera vez en la historia de nuestra colegiación legal cinco listas de candidatos. Ganó la lista de Marcelo Pío Castellani, que se había presentado como la continuidad de la gestión que concluye en pocos días más. A mi modo de ver no ha sido un buen síntoma que los abogados saliéramos a la contienda electoral tan atomizados. Parece mentira que hace cuatro años nadie quería involucrarse con el Colegio y Martín Díaz logró formar una lista que se proclamó por ser la única. Deben haber explicaciones de ese fenómeno que me parece importante buscar, sobre todo porque mutatis mutandi los candidatos tenían propuestas similares aunque una línea argumental y apoyos bastante diferenciados.
Aunque no hayan asistido la cantidad esperada de votantes, sigo considerando un dato muy interesante y positivo las expectativas que despierta en la sociedad salteña cada elección del Colegio. Con todo respeto hacia las demás profesiones, la abogacía genera expectativas singulares y por eso se moviliza la prensa, se comenta en distintos círculos y arriesgan pronósticos sobre el ganador. Por mi parte, con largos años de participación en el colegio y en la FACA en tiempos duros, creo tener una respuesta: la Abogacía es la única profesión que tiene reservada para sí un poder del estado, de modo que cuanto le acontezca en el Poder Judicial, repercutirá tarde o temprano en nosotros. Nuestros destinos están indisolublemente unidos y de allí la enorme responsabilidad de conducir un Colegio.
Durante la campaña me han preocupado consignas de un marcado tinte gremialista, y eso también conviene considerar. No porque yo lo considere incompatible (no lo es, de ningún modo), sino porque me parece que no se puede privilegiar cuestiones secundarias frente a deberes insoslayables: 1) defensa irrestricta del estado de derecho y del orden institucional; 2) respeto absoluto por los derechos humanos; 3) observancia inexcusable de las reglas del arte y las normas de ética, y 4) firme defensa de la defensa. Este último aspecto me parece que coyunturalmente posee un valor adicional, ya que por distintos motivos la imagen del abogado está socialmente deteriorada.
Para que se nos devuelva el prestigio y la dignidad, el Colegio tiene que defender a los que defienden, estar al lado del abogado a quién se le coarta el ejercicio de mil maneras, exigiendo que, como dice la ley, se nos respete de la misma manera que a un juez. Auguro éxitos a la gestión que inicia y a todos los integrantes del Consejo Directivo y del Tribunal de Ética, del mismo modo en que los exhorto a trabajar en el rescate de los valores más prístinos de nuestra misión, sin ninguna clase de interferencia política y con verdadero sentido de independencia al servicio de la sociedad. Todo lo demás se dará por añadidura.