Tengo la impresión de que cuando el responsable de turno se enfrenta a un auditorio más bien numeroso, y comienza a calentar el pico, siente la tentación escénica de calificar como "política de estado" a practicamente cualquier tarea de gobierno, por nimia que sea, con tal de transmitir a su audiencia de que tal o cual parcela de la realidad gubernamental es más importante que otras. Pienso que la utilización indiscriminada y poco rigurosa de esta expresión no sólo distorsiona el debate político sino que, de algún modo, saca a la luz una cierta ligereza conceptual de parte de quienes acuden a la idea de "políticas de Estado" para autolegitimar sus acciones de gobierno.
Partimos de la base de que si todas las áreas de gobierno disfrutaran de la consideración de "políticas de Estado", no habría debate político posible; no existiría la oposición y ni tan siquiera sería necesaria la tarea de "gobernar", en sentido estricto. Es, incluso, probable que con tantas "políticas de Estado", se haya decidido prescindir del diálogo con las otras fuerzas políticas y esté obligando a éstas a presentar proyectos de interpelación al Ministro de Gobierno para que explique "por qué el gobierno no dialoga".
No es posible que el gobernador, el vicegobernador o, más recientemente, sus ministros, califiquen sus quehaceres cotidianos como "políticas de Estado" sin contar con la opinión de la oposición o, simplemente, ignorándola. Es precisamente el acuerdo de todas las fuerzas políticas, sin exclusiones, la que permite hablar de "políticas de Estado" en el sentido más propio y preciso que tiene esta expresión en la teoría política contemporánea.
Pero para no extenderme demasiado y complicar la cuestión más allá de un mínimo razonable, sostendré aquí sólo dos ideas:
1) Que hay determinadas "políticas de Estado" que no requieren de ninguna declaración redundante ni de un pacto sobreviniente entre las fuerzas políticas: Sucede cuando la Constitución o las Leyes imponen a las políticas sectoriales una determinada orientación o un determinado contenido;
2) Que, exceptuando el caso anterior, no hay "políticas de Estado" sino cuando existen acuerdos, expresos o tácitos, entre las diferentes fuerzas democráticas para sustraer un tema determinado del debate político ordinario y un compromiso conjunto para a adaptar las políticas de gobierno (o, en su caso, las actitudes opositoras) a los contenidos acordados como política de Estado.
No hay más.
Así, la Salud Pública, o la Seguridad, son "políticas de Estado" per se, es decir, sin necesidad de un acuerdo sobreviniente. Lo son porque la Constitución así lo establece y manda, y porque las regulaciones constitucionales no son materia de "debate político", sino, en todo caso, expresión de un consenso previo de las fuerzas políticas sobre una materia determinada, que no se puede revisar sin hacer saltar las bases sobre las que cimenta el sistema.
La vacunación contra la rubéola, o la formación de agentes de tránsito, en cambio, son casos típicos de "políticas de gobierno" que sólo podrían alcanzar el rango de "políticas de Estado" en las condiciones y con los requisitos expresados más arriba, en el punto 2.
Si lo que quiere el gobierno es destacar una política por encima de otra no debe -salvo que quiera exponerse al ridículo- confundir la realidad con sus deseos y calificar a una determinada área sustantiva como "política de Estado". A lo más, lo que podría decir -y siempre será conveniente que diga- es que se trata de "un área de gestión prioritaria para el gobierno". Dicho ésto, convendrá también formular una invitación a las fuerzas de la oposición a acordar con el gobierno el mantenimiento en el tiempo de determinadas actuaciones.
Pero si, en realidad, lo que quiere el gobierno es convertir todo lo que se mueve en "política de Estado", habrá que encender las luces de alerta: O bien se ha puesto en marcha una operación para anular a la oposición política quitando temas del debate; o bien está en serio peligro la libertad de los ciudadanos de Salta a quienes, sin posibilidad de discusión, se les está imponiendo un modelo de sociedad de dirección única.