Además de violar principios tales como la prescripción de las acciones penales, se burlan de otros tan importantes, como la interpretación de las pruebas, que se aportan a los amañados procesos judiciales incoados contra las víctimas de esta venganza. Testimonios que no son tales, sino simplemente relatos inventados o referencias de terceros. Inferencias prohibidas en procesos penales y tantas otras irregularidades que claman al cielo.A ninguno de tales jueces se les ocurre poner en perspectiva los hechos que juzgan, ni se avergüenzan de ser compañeros de ruta de los guerrilleros terroristas que comenzaron la sangrienta subversión y que hoy presencian los juicios como si fueran ajenos a las consecuencias funestas de su accionar. Eso es venganza, no justicia.
Claro que lo hacen apoyados en conductas tan irrazonables como las de quienes desde el Congreso o la Corte Suprema de Justicia de la Nación vulneraron el orden jurídico, anulando leyes con efecto retroactivo o interpretando torcida y parcialmente principios centenarios del derecho penal. Y lo hacen, desde la impunidad que les otorga la ausencia de reproches penales o simplemente sociales que han conseguido los verdaderos generadores de la violencia que asoló a nuestro país, sobre la base de la mentira montada por el gobierno y sus aliados.
Ahora que soplan vientos propicios para el funcionamiento de la república democrática, es menester acabar de una buena vez con esta venganza institucional que se materializa en el tuerto funcionamiento de la justicia.
Ninguna nación subsiste como tal si no se respetan, a rajatabla, los fundamentos de auténtica justicia republicana. Flaco favor se hace a ella con esta parodia judicial que admite a acusadores que violaron la convivencia civilizada y gozan de un sistema que vulneraron con violencia, burlándose de aquél que ahora invocan para obtener una justicia tuerta.