
Los militantes del PRT Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo fueron chupados de sus domicilios, permanecieron detenidos durante cuarenta días en el CCD La Perla y luego fueron fusilados. Los militares simularon un enfrentamiento callejero y los tiraron en el centro de Córdoba. No conformes con instalar el terror mediante la siembra de cadáveres, los enterraron en el cementerio de San Vicente y ocultaron ese destino a sus familiares.
La secuencia que ha motivado el castigo ejemplar, por sus similitudes con crímenes locales, nos remite a las causas judiciales que se tramitan en nuestra provincia por crímenes de lesa humanidad. En Salta también se planificó la desaparición de aproximadamente doscientas personas, y el reproche se ha concentrado sólo en los militares de la vitrina dictatorial y en los policías que actuaban en derredor del ex Director de Seguridad Joaquín Guil. Los colaboracionistas civiles y casi todos los oficiales de inteligencia no fueron siquiera citados en la media centena de causas reabiertas.
El alegato del abogado querellante en la causa Brandalisis constituye un aporte importante que permite conocer la estructura represiva cordobesa que se reprodujo en Salta, que integraba el área operacional 311 del Tercer Cuerpo. Martín Fresnedas dejó constancia de la implementación de un órgano centralizado y coordinado de inteligencia denominado COMUNIDAD INFORMATIVA DE INTELIGENCIA: local y regional. La primera se reunía semanalmente y la segunda, quincenalmente; ambas eran presididas por los más altos Jefes del Área 311 y concurrían de los Jefes del Destacamento de Inteligencia 141 Gral. Iribarren, IV Brigada Aerotransportada, Aeronáutica, Gendarmería Nacional, Escuela de Aviación, G2 del Comando de Operaciones, SIDE, Policía Federal, Policía Provincial.
En estas reuniones se analizaba la llamada lucha antisubversiva, se seleccionaban los blancos de las operaciones y se instruía para hacer la inteligencia previa a la detención. Según los memorandos de la Policía Federal de fecha de Abril de 1976, cuando era necesario intervenir sin previa autorización debían comunicar las novedades al Comando del Área.
Fresnedas también detalló el funcionamiento del destacamento de inteligencia cordobés: La Jefatura era ejercida por un Coronel del Ejército y la Subjefatura por un Teniente Coronel. Por debajo de ellos una Jefatura Administrativa conducida por dos Suboficiales Mayores de quienes dependían la seguridad interna, soldados y la conducción del personal.
La estructura de este Destacamento estaba dividida en cuatro secciones: Sección Primera: Política o Ejecutiva o Base. En esta sección se sistematizaba y clasificaba la información recogida, incluso desde mucho antes del golpe de estado, por los órganos de inteligencia de las distintas fuerzas de seguridad y defensa. Controlaba los interrogatorios a los detenidos, analizaba las declaraciones y decidía si debía seguir siendo interrogado o debía ser trasladado. Sección Segunda: Grupo Calle. Esta sección tenía a su cargo las tareas de inteligencia externa, funcionaba en base y en puntos estratégicos de la ciudad de Córdoba. Realizaba investigaciones, averiguaciones, control de llamadas telefónicas, seguimientos etc. Trabajaba con informantes infiltrados. Sección Tercera: OP3 Operaciones Especiales. Según la mayoría de las declaraciones testimoniales era el CCD la Perla, también llamada La Universidad. Este lugar funcionó como un establecimiento clandestino para alojar ciudadanos secuestrados. Estaba a cargo de un oficial del ejército, que debía ser un Capitán o Teniente 1º. Esta Sección de Actividades Especiales funcionaba a través de dos grupos, uno operativo y otro de interrogadores. Sección Cuarta: Grupo Operativo. Este grupo estaba integrado por oficiales, suboficiales, por PCI (Personal Civil de Inteligencia) y por los llamados Números, estos últimos eran oficiales y suboficiales de diversas dependencias del III Cuerpo, que prestaban colaboración para realizar los allanamientos, secuestros y traslados.
La estructura inicial del gobierno de facto en nuestra provincia permite sostener que el agrupamiento de inteligencia local solamente salió a la luz en los días inmediatamente posteriores al golpe, para luego sumergirse nuevamente en las tinieblas. No es casual que el jefe del Destacamento de Inteligencia 143, coronel Osvaldo Mario Baudini, fuera nombrado Ministro de Gobierno, el coronel Vitorm Modesto Mendíaz como Secretario General de la Gobernación y el Mayor Juan Carlos Grande como Secretario Privado de Carlos Alberto Mulhall. Tampoco que el Mayor José Ignacio Ratto fuera designado Intendente de la Ciudad de Salta y el capitán José Ricardo Galletti como interventor de la CGT salteña. Todos ellos desarrollaron sobresalieron en tácticas de contrainsurgencia.
En su declaración del 26 de Abril de 2.001 en el Juicio por la Verdad, Mulhall afirmó que específicamente la lucha contra la subversión estuvo a cargo del mayor del ejército argentino Sr. Juan Carlos Grande Que en Salta se hacia mucho trabajo de inteligencia. Que había una comunidad informativa entre el Ejército, Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Provincia y allí cada fuerza traía información de inteligencia para su evaluación.
Ricardo De la Vega ex secretario del Coronel Joaquín Cornejo Alemán que fue adoctrinado en la Escuela de Panamá en 1.971- reconoció en ese juicio que existía un grupo de reunión en donde juntaban información las distintas fuerzas y que se le llamaba Comunidad de Inteligencia. También develaría que después del golpe del 24 de marzo se había establecido un centro de operaciones que era manejado por gente de inteligencia y un grupo de operaciones denominado COT (Centro de Operaciones Táctico). Que también lo integraron gente que vino de Buenos Aires. Que allí estaba el Mayor Grande. Que estaban con él hombres de la Escuela de Guerra. Que sabe que estuvieron un par de meses y luego se reintegraron a sus actividades en Buenos Aires. Que actuó hasta aproximadamente el mes de septiembre del 76. Que recuerda que en diciembre se disuelve. Que no podría definir cuándo se reintegró ese grupo. Que no recuerda exactamente quiénes eran los que lo integraban. Que se trataban de Capitanes cursantes de la Escuela de Guerra, 8 promociones anteriores a la del dicente Que ese Centro de Comando recepcionaba la información sobre los hechos que ocurrían. Que efectuaba el seguimiento del personal que iba a Tucumán.
La Comunidad Informativa se reunía en distintos domicilios para decidir quienes serían las próximas víctimas. No necesitaron esconderse para contribuir con el exterminio sistemático y ninguno de los expedientes judiciales ha escudriñado sobre estos actos preparatorios de los asesinatos. Quiénes eran los civiles que espontáneamente entregaban a las fauces de la dictadura a sus adversarios políticos? Entre ellos se pueden contar periodistas, peronistas, radicales y hasta religiosos celosos del Ser Nacional amenazado por el marxismo. Para algunos, el ejercicio de la delación tenia como contracara la traición y su práctica se inició durante el gobierno de Isabel Perón.
La causa Palomitas es la única que se encuentra a un paso de la condena en un proceso que, por ser escrito, lucirá como un episodio judicial hermético. Curiosamente, entre los imputados no figura Luciano Benjamín Menéndez. Otros expedientes se encuentran demorados y ni se acercan a la proa militar si las pesquisas que se remontan más allá del 24 de Marzo de 1.976. A excepción de Mulhall y Gentil, la identidad del resto del iceberg represivo permanece en la bruma por la eficacia postrera del plan genocida y los defectos de tribunales federales que, más que apego por la verdad plena, desnudan a cada paso la urgencia por sacarse un sayo que los compromete por ser cómplices de la demora y la esterilidad.
Del total de verdugos que hace treinta años rifaba en una mesa la vida de sus pares, solamente algunos fueron invitados a pagar sus deudas. Eso no nos acerca, como quisiéramos, a la justicia igualitaria.