No pocas energías ha dedicado el actual gobernador a la tarea de revisar o, mejor dicho quizá, de rediseñar ese complejo entramado de relaciones entre el Estado y un grupo -minoritario pero influyente- de particulares que resultaron beneficiados por la magnanimidad del anterior gobierno y, si acaso, por su total desprecio por las formas republicanas y por su concepción puramente instrumental del Estado.Estaba casi cantado que el gobierno de Urtubey habría de chocar con esta estructura, cuya continuidad no sólo acarrea perversas consecuencias en relación con la calidad de los servicios y la transparencia y equidad con que se prestan, sino que impacta directamente sobre la cantidad y la calidad del poder que el nuevo gobernador desea ejercer.
Sea para mejorar los servicios y asegurar los derechos de los ciudadanos-usuarios, sea para incrementar su poder, lo cierto es que el empeño de Urtubey en este terreno parece estar surtiendo sus primeros efectos.
Por esta razón es que no parece razonable poner en riesgo lo que hasta aquí se ha conseguido con una polémica tan estéril como extemporánea como la que enfrenta por estos días a los dos últimos presidentes del llamado Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta.
Al arrebato nostálgico del señor Massafra y a su convicción sobre la excelsitud de la gestión propia y la de su antiguo jefe, sólo era racionalmente posible oponer el silencio.
Mal ha hecho el señor Posadas, actual presidente del Ente, en "entrar al trapo" y responder con idéntica vacuidad dialéctica, es decir, defendiendo la gestión propia y la de su actual jefe, cual si fueran el no va más en materia de política de servicios públicos.
Massafra y Posadas, por ese orden, han convertido un debate rico en matices ideológicos en una disputa plana en la que predominan aspectos puramente adjetivos como la cantidad de multas que ha impuesto uno y otro, o la absurda discusión sobre la propiedad de los caños y las camionetas.
Quizá no estaba al alcance del primero penetrar, con todas sus consecuencias, en la cuestión ideológica mayor, pero sí se esperaba algo más del segundo.
Posadas ha demostrado hasta qué punto las tensiones de un cargo político de alta exposición pública pueden hacer perder los marcos de referencia. Pruebas de ello son su promesa de que perseguirá "sin que le tiemble el pulso" a cualquier funcionario corrupto del régimen anterior y su posterior invocación a la "justicia divina".
Para terminar de dibujar el cuadro, un funcionario integrante del Ente que fue designado por el gobierno anterior -Carlos Cuéllar- ha salido al ruedo con una comunicación surrealista que deja entrever un inconsciente lastrado, y tal vez ensombrecido, por la ambigüedad política que supone haber servido, sucesivamente, a dos lealtades opuestas.
La propia existencia del Ente Regulador supone, por lo menos en los papeles, la continuidad de las políticas de privatización de la gestión y operación de ciertos servicios concesionados por el Estado provincial.
Lo que Posadas -en un gesto poco elegante- llama "política menemista" es, precisamente, lo que lleva adelante el Ente que preside, y no hay motivos para avergonzarse de ello. Una política "estatizadora", en sentido estricto, hubiera comenzado por liquidar el Ente reasumiendo de inmediato la titularidad de la gestión y operación directa de los servicios que hoy se hallan en manos de particulares.
Quizá el fin último de los esfuerzos de Urtubey sea el de reasumir estos contratos, o quizá no. Pero mientras las circunstancias impongan una cohabitación con este modelo "menemista" que el señor Posadas lleva adelante, la tarea del gobierno será la de desterrar las prácticas clientelares y desactivar los mecanismos que permiten a las empresas obtener beneficios y márgenes de rentabilidad asegurados. Al mismo tiempo, el Ente deberá abandonar ese perfil de Robin Hood que le impulsa a subrogarse en las obligaciones de las empresas cuando éstas dejan de cumplirlas en perjuicio de los usuarios. Antes deberá instrumentar un sistema ágil y transparente, que sea lo suficientemente capaz de asegurar el cumplimiento y la prestación de los servicios en forma razonablemente aceptable, sin tener echar mano del poder coactivo del Estado, incluidas las multas y las amenazas de rescisión.
Y lo que es más importante: Deberá dejar de lado las polémicas inútiles y fijarse metas asequibles como la construcción de un sistema de contratación pública transparente, eficiente, jurídicamente previsible y políticamente accountable por los ciudadanos.