Protestar, una cuestión de grandes

El escándalo provocado por la decisión de prohibir al alumno Julián Ibarra asistir a colegio público alguno hasta el 30 de noviembre, sanción impuesta por la directora del Colegio Arturo Illia de la ciudad de Salta y ratificada por el Ministerio de Educación, puede explicar con mayor certeza que cualquier marco teórico de la sociología o la política, el porqué de los cortes de rutas, los más de cien días de acusaciones estériles entre el Estado y el sector del campo... Protesta de los más pequeñosPuede explicar los puñetazos en Plaza de Mayo, las carpas de uno y otro bando, explicar en fin, la pereza argentina para el diálogo y la inmodesta convicción de imponer su criterio. La relación que está en juego en el conflicto entre Ibarra y el colegio es la misma que existe entre el campo y el gobierno: la máxima de toda disputa es eludir la distribución de responsabilidades.

Precisamente lo que se discute con fervor por estos meses ha tenido como base el término distribución. Distribución de las ganancias, distribución equitativa. Pero el caso Ibarra introduce en el juego un matiz: la distribución de los valores educativos y culturales; la distribución de los derechos y de los deberes. Cuando las partes en pugna eluden construir sus razones a partir de estas responsabilidades, el conflicto se expande y violenta los demás espacios sociales.

No debe, quizás, sorprendernos las dimensiones de la crisis nacional, pero sorprende que la directora de un centro educativo no tenga capacidad de diálogo (tal vez sea mucho hablar de escucha) para resolver las diferencias entre la institución y los alumnos. Sin embargo, a esto se suma la orden de la jueza de Menores Silvia Bustos Rallé para que sean identificados los estudiantes que participaron en los cortes de calle que realizaron alumnos del Colegio Juan Calchaquí para reclamar bancos para sentarse.

Pero a quién sentamos en el banco de los acusados, las paradojas de los argumentos de cada bando permiten pensar que la querella sería digna de ser resuelta por el siempre tímido Sancho Panza. Por lo contrario la sanción avalada por el Ministerio de Educación parece que está encaminada a matar al Quijote que la juventud de Ibarra hace posible.

El asunto del campo llegó, por suerte, al Congreso. El caso Ibarra llegó a la Cámara de Diputados y “como siempre pasa en este y en otros casos similares”, el chico atrajo seguidores y en tres días reunieron 1500 firmas a favor de su reincorporación. Entre tanto, se podría deducir que en ambos conflictos la dificultad para comprender la Constitución viene desde la escuela, acaso también la dificultad para participar de la democracia y sobre todo para construir esa arquitectura del entendimiento que es la distribución de las responsabilidades. La sociedad se debe eso a sí misma y como parte de las instituciones. Es posible educar con acuerdo y libertad.