1. El citado Decreto 617/08 aparece luego del bochornoso trámite que acompañó a las dos últimas designaciones de jueces de la Corte hechas por el anterior Gobernador quién, hasta el último instante de su gestión, se manifestó fiel a su sentido patrimonialista del poder y a su desden por las formas republicanas y por los valores democráticos.La reciente postulación del actual Juez Federal doctor Abel Cornejo para ocupar un sitio en el alto tribunal salteño, inaugura el procedimiento reglado por aquel Decreto provincial.
Probablemente la novedad del procedimiento o, quizá, las carencias de nuestra cultura democrática y participativa, están restringiendo el despliegue de las virtudes implícitas en aquella norma de selección.
Mientras algunas minorías aprovechan para convertir el derecho a participar en una oportunidad para descargar odios o saldar querellas políticas, otros pretenden transformarlo en una suerte de tercera instancia de facto en donde ventilar revanchas por fallos adversos dictados por el postulado.
Dentro del segmento opositor a la candidatura, llama la atención la militancia de un sacerdote de la confesión católica que, en un alarde de progresismo inverso, desdeña la separación de la Iglesia y el Estado y se lanza al ruedo terrenal.
Hay, a tenor de lo que informa el Gobierno de la Provincia, pocas adhesiones a la postulación del doctor Abel Cornejo. Varias de ellas corresponden a funcionarios de la misma corporación judicial federal, lo que de alguna manera desluce los avales.
Dentro de los apoyos hasta ahora conocidos, sobresale el emitido por el doctor Ricardo Reimundín, prestigioso juez que en los años 70 se erigiera en defensor de las libertades públicas y que después honrara la Corte de Justicia hasta que fue cesado por la dictadura del General Videla.
En el medio, la inmensa mayoría (incluidos los que por razón de profesión, formación o relevancia cívica están moralmente obligados a participar) guarda silencio y no parece haber encontrado incentivos o motivaciones para incidir en tan importante acontecimiento institucional.
2. Si, como espera el Gobernador Urtubey, el Senado aprueba el pliego del doctor Abel Cornejo, se abrirá inmediatamente la sucesión en la titularidad del Juzgado Federal número 1, y con ella un nuevo problema de gran calado para los equilibrios institucionales en la Provincia.
El anterior Gobernador de Salta cree, como lo acredita su trayectoria, que el mejor poder judicial es aquel que atiende sus llamadas, sus directivas y sus sugerencias, aún cuando las emita desde otras posiciones institucionales o,incluso, desde su tupida red de intereses.
De allí que quepa pensar que habrá de desplegar su Gran Poder para reforzar su ya dilatada influencia sobre todas las instancias judiciales con competencia en el territorio provincial.
Las fuerzas democráticas deberían impedir un avance hegemónico de este tipo.