El proyecto, que es inciativa de la senadora salteña Sonia Escudero (PJ), prevé que el fondo tenga por objetivos financiar y ejecutar obras de infraestructura -en particular las que beneficien a las regiones comparativamente más rezagadas- y la reactivación de servicios de transporte ferroviario, en particular en las regiones más alejadas de los principales puertos. También se destinará a programas de asistencia productiva, técnica y financiera a pequeños y medianos productores; a programas de investigación y desarrollo de tecnología productiva, y para subsidiar y compensar a productores afectados por mayores costos de transporte, o bien por emergencias climáticas.
El FDFE se constituirá con el cuarenta por ciento de la recaudación por retenciones a las exportaciones. Sólo en 2007 se recaudó por tal concepto más de 20 mil millones de pesos, que fueron directamente a las arcas del gobierno nacional.
La iniciativa prevé también que un 50% de los recursos del fondo sea asignado "según la participación de cada distrito en el origen de las exportaciones", mientras que el 50% restante deberá ser asignado "según las mayores necesidades de desarrollo social y de infraestructura de cada jurisdicción". Para ello -prevé la norma- se considerarán indicadores de pobreza, de no escolaridad, de falta de acceso a redes de servicios públicos de agua, energía y comunicaciones y de costos mayores de fletes a los puertos de exportación.
Las retenciones agropecuarias son "impuestos no coparticipables, es decir que están basados en riquezas que se generan en las provincias pero que no vuelven en igual medida a las mismas. Constituye, en efecto, una gran masa de dinero que el gobierno nacional extrae de las economías regionales y que maneja de manera relativamente discrecional, sin criterio devolutivo", señala la autora de la iniciativa.
El proyecto "tiene como objetivo principal compensar, por un lado a todos los sectores afectados por el nivel de las retenciones a la exportación, y por otro- la menguante participación de las provincias en la coparticipación federal primaria, pero sin realizar ninguna transferencia a las mismas ni modificar el régimen de coparticipación".
Escudero sostiene también que: "La aprobación del proyecto ocasionaría una mejora en las condiciones al interior de las provincias. Como puede ser la distribución más progresiva del ingreso, políticas sociales, saneamiento económico. Mejoraría la situación de las economías regionales, ocasionando por añadidura una mayor autonomía de las mismas".
En tanto que "para la Nación, el efecto de esta modificación no es excesivamente relevante en términos presupuestarios" ya que "no comportaría mayores desviaciones nuevas de recursos sino más bien una sistematización y transparentamiento de las que ya existen", dijo por último la autora del proyecto.