En 1995, en medio de los sacudones provocados por la crisis mexicana (efecto tequila), el Gobierno central dispuso crear un Fondo Fiduciario destinado a promover el desarrollo de las provincias. Este Fondo, que no dejó de ser fruto de un pacto federal entre la Nación y las Provincias que la componen, sirvió hasta aquí para financiar importantes emprendimientos de ámbito local a través de programas sociales y de infraestructuras.
En lo que va del año y con la mediación de ocho Resoluciones de la Jefatura de Gabinetes dictadas en ejercicio de los superpoderes conferidos por el Congreso de la Nación, el Gobierno de la Presidenta doña Cristina Fernández de Kirchner ha quitado a las Provincias la friolera de 3.400 millones de pesos.
La cantidad des-federalizada sirvió para atender subsidios a sectores económicos, pagos a consultoras, y gastos corrientes de las unidades centrales del Gobierno.
El Informe Bullrich no especifica cuál fue el importe perdido por cada Provincia. Sin embargo, parece evidente que buena parte de las dificultades que tiene Salta para financiar sus programas sociales y sus obras de infraestructuras, tienen que ver con este verdadero vaciamiento del Fondo Fiduciario del Decreto 286/95.
No deja de llamar la atención el silencio que guarda nuestra Provincia ante estas medidas que dañan a los salteños y ponen en aprietos a la propia gestión del señor Urtubey.