Se trata, sin duda, de una iniciativa formalmente válida que expresa, además, una preocupación por que la Constitución de la Nación se cumpla en temas de vital importancia para nuestra forma federal de gobierno.Sin embargo, no hay constancias en las palabras del senador García, de que el legislador por Metán haya evaluado serenamente las consecuencias sustantivas que para Salta tendría una reforma a la Ley de Coparticipación abordada por la actual mayoría parlamentaria en el orden nacional.
Los economistas cordobeses, que se caracterizan desde siempre por la prolijidad con que hacen las cuentas que ingresos y gastos que afectan a su provincia, vienen demandado también la urgente sanción de la nueva Ley de Coparticipación con el razonado argumento de que la ley vigente favorece e exceso a las provincias pobres del Norte.
Por encima de consideraciones formales, siempre importantes, la posición más acorde con los intereses sustantivos de Salta es aquella que nos garantice un resultado en materia de coparticipación de impuestos mejor que el producido por la Ley vigente.
Sería sumamente importante escuchar los argumentos económico del senador García y conocer también cuales son los cálculos que realiza acerca del poder político de las provincias del Norte para lograr mejoras en el reparto de la torta federal de impuestos.
Por lo pronto, hay indicios abrumadores en el sentido de que Salta viene perdiendo influencia y peso político en el concierto federal.
Desde el punto de vista sustantivo, lo realmente importante para Salta es lograr que los recursos que recauda la Nación a margen de la Ley de Coparticipación (tal el caso de las retenciones y del impuesto al cheque) entren en un sistema de reparto automático que favorezca a las áreas con mayores índices de pobreza y menor desarrollo de sus infraestructuras.
Mas allá de estos reparos parciales que nos merecen las declaraciones del senador García, hay que decir que acierta plenamente cuando señala que los representantes del campo, una vez que encontraron un cauce de solución para sus demandas sectoriales, parecen haberse olvidado de sus enérgicas reivindicaciones federalistas.
Mal pintan las cosas para Salta cuando nuestros economistas no parecen hacer números sobre los impuestos coparticipables, nuestros agricultores se muestran centrados en sus intereses particulares y descuidan su discurso federalista, y nuestro Gobierno vacila entre la defensa de los intereses generales de los salteños y sus fidelidades políticas (firmes, pero irrelevantes para Salta).