La agencia Eurostat, responsable de la elaboración de los principales indicadores económicos de la UE, ha informado ayer que el desempleo afecta ya al 8,2 % de los trabajadores de la zona euro y al 7,6% del conjunto de trabajadores de la Unión. Quizá lo más significativo de las cifras difundidas por Eurostat es que España es el país que más desempleo acumula y que en sólo un año ha aumentado 5,8 puntos, hasta alcanzar hoy el 14,8%. A pesar de esta situación, el gobierno español ha ratificado lo que viene afirmando desde el comienzo de la crisis: que garantiza la protección por desempleo a cargo del Estado y que está dispuesto a gastar aún más en prestaciones y en acciones de formación que favorezcan la recolocación de los trabajadores en paro.El amplio diferencial de desempleo que registra España en relación a los países de su entorno, se explica, entre otros factores, por el formidable frenazo que ha experimentado la industria de la construcción en este país, por la alta tasa de temporalidad de sus contratos laborales y por la falta de reformas estructurales en los mercados de trabajo.
Visto con ojos argentinos, lo que llama la atención de la situación del mercado de trabajo español es que ni la contracción de la economía, ni el aumento sostenido de los despidos, ni la desaparición de algunas empresas, han propiciado que los sindicatos o el gobierno propongan aquí -como sí se hizo en la Argentina frente a fenómenos similares- la suspensión de los despidos por ley o la asistencia financiera directa a las empresas en crisis.
En nuestro país, que a veces presume de ser una economía de libre mercado, parece que las empresas no pueden desaparecer (aunque lo hagan francamente muy mal) y que los trabajadores deben seguir en sus puestos a cualquier costa, es decir, aunque la empresa no tenga clientes ni pedidos. El Estado -como sucede en la Provincia de Salta- no ayuda a quienes pierden su empleo sino que prefiere gastar en evitar que lo pierdan, mediante la concesión de subvenciones o subsidios directos para que las empresas en dificultades puedan pagar sus sueldos. Da igual que las empresas sean viables o no. Lo importante parece ser no pagar el precio político que supone el cierre de las empresas y la pérdida de lo que se llama en la Argentina "las fuentes de trabajo".
Para preservarlas, los gobiernos argentinos suelen colocar innumerables obstáculos al progreso de los expedientes de ajustes de plantilla por causas económicas (los llamados expedientes de crisis) hasta el punto de hacer virtualmente imposible los despidos por esta causa. El resultado, en materia de desempleo, es óptimo, como no podría ser de otra manera, y sólo comparable a las cifras falsas que difundía la Unión Soviética en declive, en donde existía un acuerdo tácito entre gobernantes y asalariados ("nosotros fingimos trabajar... ustedes fingen que nos pagan...").
Mientras los países avanzados afrontan la crisis en un contexto de muy baja inflación, de tasas de interés igualmente bajas, de costes energéticos decrecientes y de precios internacionales relativamente favorables para sus productos, en la Argentina la retracción de la economía y la destrucción de empleos se produce en un contexto de inflación elevada, de precios internacionales desfavorables para nuestros principales productos de exportación, de déficit energético y, sobre todo, de aislamiento político internacional.
Es cierto que el mundo avanzado y la Argentina enfrentan escenarios bastante diferentes, pero las soluciones que sus gobiernos proponen para la crisis son extremadamente divergentes. Por ejemplo, las últimas medidas anunciadas por el presidente Obama, y las que a diario ponen en práctica los gobiernos europeos, apuntan a reforzar la competitividad exterior de las economías nacionales, reforzar la solidez de sus entidades financieras y apostar por nuevos modelos energéticos y de desarrollo. En la Argentina, en cambio, las medidas anunciadas (más obra pública, más consumo interno, más aislamiento exterior, más paranoia respecto de quiebras y despidos) suponen un reforzamiento de las medidas estatistas características de la fase más autárquica del país, o lo que es lo mismo, el regreso eterno a la "receta peronista" de toda la vida.
El caso de Salta
Este fenómeno es aun más claro en la Provincia de Salta, en donde el gobierno ha proclamado la crisis fiscal del Estado sin que se sepa bien todavía a los bolsillos de quien ha ido a parar parte de la importante riqueza generada por la agricultura provincial durante el último decenio. El anuncio de dificultades en las cuentas públicas aun antes de que la crisis financiera internacional alcanzara sus picos más importantes, revela, o bien que el sistema fiscal de nuestra provincia es incapaz de captar mayores recursos cuando la economía se encuentra en expansión, o bien que aquellos recursos potenciales han eludido nuestra fiscalidad con la connivencia de las autoridades de turno.
Las medidas anunciadas recientemente por los ministerios de Finanzas, de Desarrollo Económico y de Trabajo del gobierno de Salta contribuyen a crear la impresión de que el Estado provincial y sus agentes marchan muy por detrás de los acontecimientos económicos (globales, pero también locales), bien porque no han sabido interpretar a tiempo las claves de la crisis, bien porque para el gobierno sigue siendo más importante atravesar indemne las próximas elecciones que hacer que la economía de Salta vuelva a crecer a tasas razonables.
El resultado está a la vista: el gobierno de Salta afronta el presente curso político bajo la presión de los sindicatos del sector público, que amenazan con paralizar los servicios esenciales si no consiguen un sustancioso aumento de salarios; las simpatías recíprocas (hasta hace poco podía hablarse de "destino común") de los gobiernos de Urtubey y Cristina de Kirchner sólo parecen garantizar a Salta obras públicas de baja calidad pero impiden que la Provincia despliegue una estrategia institucional adecuada de defensa de sus recursos, frente a un Estado nacional voraz, comprobadamente insolidario y sin una idea clara de la cohesión territorial; el aumento, en casi 15.000 agentes, de la planta de trabajadores al servicio del Estado, en menos de un año de gobierno, anuncia finalmente que el gobierno de Salta ha retomado la senda del estatismo inagurada en 1985 y que condujo a una virtual quiebra de la Provincia hacia 1994.