"Vamos a buscar interinatos y suplencias para reemplazar a los docentes que abandonen sus fuentes de trabajo", dijo Van Cauwlaert, que no precisó sin embargo si esa medida tendría lugar aun en el supuesto de que la negativa de los docentes titulares a impartir las "clases extendidas" obedeciera el legítimo ejercicio del derecho constitucional de huelga.Van Cauwlaert no dejó lugar a dudas en el sentido de que "si algún docente se niga a hacerlo (dictar clases en periodo extendido) se llamará a docentes suplentes para cubrirlos". El ministro sostiene que la Provincia cuenta con 5.000 docentes "clasificados y calificados" que estarían listos "para cubrir a quienes abandonen sus puestos de trabajo".
En un pasaje de sus declaraciones, Van Cauwlaert volvió a cargar contra los docentes huelguistas. Dice el ministro que "los padres están indignados por este paro que se prolonga". Y añade "yo dialogo con los papás a diario y también con los maestros que no se suman al paro y ambos sectores expresan su molestia e indignación". ¿Por qué razón el ministro no dialoga también a diario con los docentes en huelga?
Lo cierto es que por encima de cualquier consideración sobre la justicia o injusticia de la huelga, el deber del ministro es respetar el derecho de huelga que ejercen quienes libremente deciden no acudir a trabajar, respeto que no consigue cuando ensalza a quienes, en ejercicio de su libertad, han decidido trabajar y no hacer huelga. El gobierno debe respetar a ambos por igual.
Tampoco resulta compatible con el ejercicio democrático del derecho de huelga la promesa del ministro de recurrir a "interinos y suplentes" para cubrir los puestos de trabajo de los titulares "que se niegan a trabajar". Si tal negativa procede el legítimo ejercicio del derecho de huelga, el recurso a interinos y suplentes hará incurrir al ministro en una práctica de esquirolaje; si la negativa de los docentes se ejerce fuera del derecho de huelga, el ministro tiene en sus manos no sólo el recurso legítimo al reemplazo de los ausentes sino la posibilidad de iniciar contra ellos expedientes disciplinarios por abandono injustificado de trabajo.