La intervención del Ministerio en el conflicto aparece en principio respaldada por las leyes 14.786 y 23.551, que faculta a la autoridad administrativa laboral a obligan a la Autoridad Administrativa de Trabajo a abrir la instancia conciliatoria, con objeto de que durante su transcurso las partes discutan sus posiciones y acerquen propuestas o soluciones. El procedimiento, que supone el que las partes deben abstenerse de adoptar cualquier medida de conflicto mientras dure la medida (típicamente bloquea el ejercicio del derecho constitucional de huelga), ha sido impuesto por el Ministerio de Trabajo sólo después de dos días de huelga en la educación salteña.