Se trata del requerimiento para que el Ministerio de Trabajo informe "la cantidad de Jefes de Hogar incorporados a la Administración Pública provincial", a lo que, según Cornejo, el ministerio requerido habría respondido escuetamente: "Esa información debe gestionarse ante la Gerencia Regional de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, por tratarse de planes nacionales".Cornejo expresó ante los medios de comunicación su extrañeza por la respuesta del Ministerio de Trabajo, a la que también calificó de tardía, ya que fue enviada a la Cámara más de tres meses después de que fuera registrada en la cartera laboral.
A diferencia de Giménez que, al parecer, entiende que el proceso de incorporación de beneficiarios de planes nacionales a la administración provincial "es cosa del Estado nacional", Cornejo piensa que el ministerio competente en materia de empleo público provincial es el que encabeza Nora Giménez.
Según Cornejo, "la respuesta permite sacar tres conclusiones posibles: no se cumplió con lo prometido; se quiere ocultar información; o, lo que sería muy grave, la ministra de Trabajo no tiene control de lo que sucede en materia de empleo público provincial".
Tradicionalmente, por lo menos a nivel nacional, las competencias en materia de empleo público han estado reservadas a órganos específicos de la Administración del Estado distintos al Ministerio de Trabajo y sus dependencias, que se ocupa primordialmente, como bien es sabido, del empleo en el sector privado de la economía.
De hecho, el artículo 30.3 de la vigente Ley Nº 7483 de Ministerios de la Povincia de Salta no deja clara la cuestión, toda vez que si bien atribuye al nuevo Ministerio de Trabajo la facultad de "entender en el diseño de políticas, planes y proyectos de generación de empleo", a continuación le atribuye el rol de mero coordinador de "acciones, pautas y criterios entre el sector público y privado".