La presentación judicial fue realizada por Carlos María Pagano, miembro de la Junta Promotora del Agua, que entiende que se trata de una facturación que realiza la empresa a los dueños de terrenos baldíos en concepto de disponibilidad. Es decir, se trata de un impuesto que deben pagar por la posibilidad de usar el servicio de las instalaciones sanitarias que pasan por esas propiedades aunque prescindan del servicio. Al respecto explica Pagano: Es como si un remise pasara por tu casa y, aunque no lo uses, le tienes que pagar por disponibilidad, porque algún día lo puedes usar.La apelación fue presentada el pasado jueves ante una respuesta negativa por parte del Ente, el cual considera que ese impuesto está legitimado por el acta contractual. Sin embargo, el demandante refiere que desde el 2004 en Córdoba existe el precedente de que la justicia obligó a la empresa Aguas Cordobesas SA. devolver a un usuario la totalidad de los pagos por el mismo concepto de no conectado a la red.
Pagano argumenta en su apelación que ese pago fue establecido en Argentina hacia finales del siglo XIX en razón de la necesidad de prevenir el cólera, y que en Salta se impuso desde los inicios de la provisión de servicio sanitario en red primeras décadas del siglo XX con el mismo criterio. Esas razones no se verifican en absoluto al presente, por lo cual adolece de todo sustento el pretendido cobro de la empresa, autorizado indebida y anticonstitucionalmente por el concedente, lo que equivale a fijar un tributo en beneficio de una persona particular, concluye Pagano.
Carlos Pagano, quien es además profesor de Ética y Filosofía de la Religión en la Universidad Católica de Salta, en su conversación con Iruya.com volvió a definir la concesión de este servicio en Salta como una Dictadura de las Aguas. Y expresó su desacuerdo sobre la participación del Gobierno como accionista de la empresa:
La solución es lo que establece la Constitución en el Artículo 83, prohibición de concesión a personas privadas y, entonces, reestatización con control de los usuarios, pues se sabe internacionalmente que las comunidades usuarias son la única garantía comprobable de cuidado a futuro del recurso agua.
Pagano agregó que por parte de Aguas de Salta hay manifiesta incompetencia técnica, innúmeras ilegalidades; eso es fundamento suficiente para una rescisión inmediata del contrato y, además, falta el marche preso, pague todo lo que dejó de invertir. Nada de eso está; en el proceso de renegociación se están ocultando cosas muy gruesas; entonces aliarse con por lo menos la ilegalidad de la empresa es garantizar que el Estado va a poner siempre la inversión y los privados se llevarán las ganancias.
En este sentido el también ex candidato a Gobernador por el MST se refirió a lo que se llamó el trabajo sucio previo a la privatización de Aguas de Salta:
El trabajo sucio se hizo en todas las empresas que se privatizaron en el Estado Nacional y en las provincias, para hacer justificable y necesaria la privatización. Desinvertir en las empresas, vaciarlas, para que muestren una fisonomía negativa. En el caso de Aguas de Salta una vez que se decreta la urgencia de la privatización, el Estado hizo la sexta colectora cloacal, una ampliación que luego gozó la empresa, porque no tuvo que invertir en la obra. Otro aspecto del trabajo sucio consistió en que las tarifas que eran bimensuales de un día para el otro se establecieron en mensuales; esto implicó un aumento del 100%; luego, antes de la privatización, volvió a subir la tarifa un 100%, lo que ya significa un 200% de aumento ilegal previo a la privatización.
Pagano recordó que en el proceso de privatización de la empresa se expulsaron a trabajadores del servicio, bajo la promesa de que, una vez terminados los trámites para la privatización, volverían como técnicos, pero sólo se tercerizaron sus servicios y, en espera de la reincorporación, perdieron la indemnización, este tiempo pasó y nunca nadie se acordó de ellos. Por otra parte, se les prometió a los empleados que quedaron el 10% de los beneficios societarios: jamás le dieron un peso de nada, remarcó.
En este sentido, concluyó que el Estado libró a la empresa de todo esto. Por tanto pasó a ser una empresa facturadora un año antes de tener el contrato societario, ni siquiera existía la sociedad, pero ya facturaba. Eso le permitió a la empresa un beneficio de 27 millones de dólares, más 10 millones de dólares de evitar invertir durante un año.
Carlos Pagano finalizó, en este contexto se puede hablar de Dictadura de las Aguas, porque el artículo 83 prohíbe su privatización; una vez que la constitución se viola, todo abuso es posible.