Al cabo de la reunión en la que se realizó el balance de gestión de la llamada UNIREN, el gobernador de Salta manifestó ante la prensa, en relación con la situación de la empresa Aguas de Salta: "O nos sumamos a la empresa como parte accionaria, o les rescindimos el contrato". De esta forma se confirma la situación jurídica terminal de la empresa concesionaria del servicio de agua potable en toda la Provincia. A partir de la decisión gubernamental, la empresa deberá decidir si accede a la "cogestión" que propone el gobierno (que, en realidad, es una copropiedad o un esquema de sociedad mixta entre capitales privados y estatales) o si, por el contrario, está dispuesta a afrontar las consecuencias de una más que probable rescisión del vínculo contractual.
Se trata de una situación poco frecuente en el ámbito de las relaciones mercantiles privadas, ya que, en este caso, el Estado provincial aspira a una participación societaria, como podría hacerlo cualquiera, pero en el fondo juega con el as de espadas que supone la posibilidad de rescindir el contrato de actividad principal de la empresa, en caso de que ésta rechazara la propuesta asociativa,
La postura de Urtubey fue corroborada por Emilio Rodríguez Tuñón, titular de la citada UNIREN, que adelantó a la prensa que "el Estado provincial se hará cargo del servicio de aguas, en caso de que la empresa no acepte el modelo de sociedad mixta".
De todas las concesiones de obras y servicios efectuadas por el gobierno anterior, la de Aguas de Salta parece hoy mismo la más endeble y la que menos perspectivas tiene de sobrevivir el cambio de políticas en el área de los servicios públicos. Mientras otras empresas intentan adaptarse y negociar, Aguas de Salta ha demostrado en la mesa de negociaciones la misma torpeza que en su cometido específico (la prestación del servicio de agua), terreno en el que viene acumulando quejas y reclamaciones de forma cuantiosa.
