La conducta política de los Gobernadores, y de otros representantes electos, no es siempre fácil de comprender para el ciudadano común, sobre todo en un contexto como el actual caracterizado por la crispación, las descalificaciones, el verticalismo (que acaba de entrar en crisis) y la ausencia de una oposición suficientemente articulada.Los factores que dificultan la comprensión de aquellos comportamientos políticos comienzan a ceder cuando la opinión pública accede, como en el caso que nos ocupan, a información relevante.
Hasta hace poco era difícil para el ciudadano común comprender las razones que llevaron al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, a quebrar antiguas solidaridades patagónicas y a enfrentarse con el matrimonio gobernante, sus enérgicos compañeros santacruceños.
Ahora las posiciones tienen a clarificarse. El señor Das Neves ha optado por anteponer los intereses concretos de su provincia por sobre afinidades ideológicas, por encima de anteriores complicidades y, desde luego, por sobre sus eventuales afectos.
Según cálculos chubutenses, la Provincia, a consecuencia del régimen de retenciones que opera sobre las exportaciones hidrocarburíferas, dejará de percibir este año la friolera de 840 millones de pesos.
Ni el Gobernador de Chubut ni sus gobernados están dispuestos a seguir consintiendo este verdadero expolio a la riqueza provincial. Sobre todo cuando la política nacional que lo provoca hipoteca su futuro, castiga al consumidor local de la energía producida localmente, y beneficia (con generosos subsidios encubiertos) a ciertos poderosos industriales del área Buenos Aires, los mismos que promovieron el golpe institucional que derrocó al Presidente de la Rúa.
Si la caída de las regalías que sufre Chubut es igual a la que experimenta Salta. Si los consumidores locales de gas están tan penalizados como los chubutenses. Si estos daños a las economías regionales solo benefician, simétricamente, a los sectores y zonas más ricas del país. Si las retenciones hidrocarburíferas han paralizado las inversiones, las exploraciones y la propia producción de combustibles, tanto en Salta como en Neuquén, no se entiende que el Gobernador Urtubey no siga la buena senda abierta por su colega y compañero de Chubut.
La pretensión de mantener el precio interno del barril de petróleo en 42 dólares, cuando en el resto del mundo cuesta 140, resulta absurda, peligrosa y cortoplacista (como lo demostraron, en los años 70, las políticas que antecedieron al rodrigazo).
No obstante, si el Gobierno de la Nación, y la mayoría que le acompaña, decide perseverar en ese camino, no puede hacerlo a costa de los intereses de las Provincias hidrocarburíferas ni los sagrados derechos de sus habitantes.
Pero sería sencillamente inadmisible que tal expolio se concretara con la complacencia, el asentimiento o el mero silencio de los gobernadores afectados.