Es responsabilidad de los poderes públicos, pero también de las organizaciones libres de la sociedad civil, plantear el debate en sus justos términos, es decir, guardando prudente distancia tanto del fundamentalismo minero como del fundamentalismo ambiental y de sus posiciones radicalizadas.A pesar de los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, el proyecto legislativo que lleva adelante el senador justicialista por Rosario de la Frontera Manuel Luque es un buena excusa para desencadenar este debate, más allá de los aciertos o errores del proyecto.
Si en la sociedad salteña existe un movimiento social que mayoritariamente se ha pronunciado por un desarrollo equilibrado y sostenible, con ocasión de las aberrantes talas de bosque nativo toleradas y alentadas por el gobierno anterior, parece claro que esta conciencia proclive a un desarrollo económico "no al cualquier costa" debe ayudar a valorar los pro y los contra de una actividad, como la minería de superficie, que plantea serios interrogantes acerca de su inocuidad medioambiental.
Pero también habrá de tenerse en cuenta que algunos países, como los Estados Unidos de América, la minería a cielo abierto es objeto de una regulación legal (la Surface Mining Control and Reclamation Act of 1977) que, lejos de prohibirla, intenta moderar las consecuencias medioambientales de esta actividad que es relativamente nueva (la expansión de la minería de superficie data de los años 30 del siglo pasado y es objeto de regulación desde la década de los 40).
Éstas y otras cuestiones relacionadas con la minería a cielo abierto llaman a los salteños a la prudencia.
Descalificaciones
Una de las aportaciones más negativas a cualquier debate son las descalificaciones personales. En ellas ha incurrido, lamentablemente, el exsecretario de Minería del gobierno del señor Romero, el geólogo Ricardo Alonso.
Alonso ha dicho que son este tipo de actitudes de personas que no conocen absolutamente nada del tema y se ponen a presentar proyectos con una ignorancia total de la actividad, lo que hace que los inversores ya no vean como interesante venir a desarrollar proyectos en la Argentina y en América del Sur.
Y agregado que: "La pregunta que habría que hacerle es qué sabe el senador Luque de minería".
Se trata, a nuestro modo de ver, de una poco elegante salida a un problema en el que seguramente Alonso, en su condición de experto, tiene mucho para aportar.
El señor Alonso conoce, sin lugar a dudas, de minería, pero demuestra no conocer las bases sobre las que se sustenta la función legislativa del Estado y el carácter de quienes invisten la representación popular para sancionar las leyes. No se necesita ser experto en minería para presentar un proyecto en la materia, así como no es necesario ser Vélez Mariconde para reformar el Código Procesal Penal.
En una república de iguales, como la que integra el señor Alonso, estos proyectos pueden ser presentados por "ignorantes totales" como el señor Luque, porque así funcionan las cosas.