
Esta tarde se ha conocido que la Secretaría de Tierra y Bienes y la Subsecretaría de Emergencia Social han habilitado dos oficinas para atender a las familias adjudicadas. El objetivo -dice el gobierno- es realizar un estudio integral de la situación de los terrenos en Parque La Vega.
La realidad indica que se trata de solo de una tímida reacción para salir a la denuncia formulada en El Tribuno por personas perjudicadas, que daban cuenta de que ningún funcionario responsable quería atenderlas.
Las dos nuevas oficinas de emergencia funcionarán en Luis Burela y Santiago del Estero. Allí se supone que se ventilarán las cuestiones relacionadas con las irregularidades detectadas en la adjudicación de terrenos y se darán explicaciones sobre la venta ilegal de parcelas y la ocupación de las mismas por falsos beneficiarios, según reconocía el propio gobierno provincial en un comunicado oficial.
En las nuevas oficinas -dicen- habrá «asistentes sociales y profesionales» (como si los asistentes sociales fueran peones del albañil) para atender a los más de 200 damnificados, según cifras oficiales del gobierno.
Ocupación ilegal
El Secretario de Tierra y Bienes, Fernando Martinis, hizo referencia a uno de los casos de irregularidad a partir del cual desde “la Coordinación de Tierra y Bienes se denunció a un particular por la publicación en redes sociales, posiblemente Facebook, el día 3 de febrero por la comercialización ilegal de lotes de la urbanización de Parque La Vega, lo que desencadenó actos de corrupción y violencia”.En la misma denuncia además, “la Subsecretaría de Tierra y Hábitat dictó la resolución 20/16 de la cual surge una nómina con las personas que resultaron beneficiadas de la urbanización denominada parque La Vega, las cuales al llegar al lugar el 5 de febrero pasado, acompañados por funcionarios de Tierra y Hábitat, se encontraron con terceras personas de quienes se desconoce la identidad, que se encontraban ocupando lotes que no les pertenecían y vendiendo terrenos en la urbanización antes mencionada, por lo cual se solicita la inspección del lugar a fin de tomar conocimiento de la situación y disponer las medidas legales que correspondan”.
Fuente: Gobierno de Salta