El gobierno de Salta parece haber dado por cerrado el caso de las estafas cometidas por funcionarios públicos en perjuicio de familias enteras, a las que engañaron con la venta fraudulenta de fracciones de terrenos públicos en el Parque La Vega. En un esfuerzo bastante visible por pasar página del suceso y de minimizar la actuación de una Fiscal de la Provincia, que mantiene procesados con prisión preventiva por lo menos a cuatro exfuncionarios-punteros del gobierno de Urtubey, las nuevas autoridades de Tierra y Hábitat, con el subsecretario Sarmiento al frente, han anunciado un nuevo proceso de adjudicación de parcelas.
Será esta vez por sorteo, un mecanismo al que el gobierno de Salta acuden cuando no hay más remedio; es decir, cuando las papas queman y el escándalo amenaza con hundir aun más su ya menguada credibilidad ante los ciudadanos necesitados.
Según la información oficial, el sorteo se realizará el próximo día lunes 28 de marzo, a las 10 de la mañana, en la avenida Belgrano 1349. En el bombo estarán solamente aquellas personas que presentaron la documentación válida y que resultaron afectadas en la anterior entrega de lotes. Es decir, los presuntos estafados.
La misma información señala que en estas condiciones están más de 250 familias, lo cual da una idea aproximada de la dimensión del escándalo y de los esfuerzos que realizan los funcionarios de Urtubey para minimizarlo.
Entre estas medidas desesperadas se cuenta el socorrido mecanismo de la expropiación, favorecido por una Legislatura dócil y fácilmente manipulable. En esta ocasión, diputados y senadores alineados con Urtubey (algo más del 80 por cien de los asientos legislativos) han decidido aprobar una ley, iniciada por el gobierno, cuyo objeto es la expropiación de un terreno colindante a la urbanización.
A través de esta nueva «incorporación patrimonial» se busca una solución para aquellas personas, con documentación válida, que resultaron afectadas en la entrega de lotes.
Dice el gobierno que el proceso de urbanización en la zona será más ágil, lo que en buen romance debe ser entendido como que la luz y el agua (y no digamos ya el pavimento) llegarán en un plazo promedio de cinco años.
En relación a la ocupación ilegal de terrenos, el subsecretario Sarmiento ha dicho que presentó ante la justicia 58 casos y que espera que los tribunales adopten las medidas correspondientes. En lo que se refiere a las incompatibilidades -especialmente en las que están incursos aquellos que possen bienes registrables a su nombre- Sarmiento no ha cuantificado los casos, pero ha dicho que fueron detectados de realizar un cruce de datos con el IPV, la Dirección General de Inmuebles y la propia base de datos de Tierra y Hábitat.
Fuente: Ministerio de Infraestructura y Vivienda del gobierno de Salta