La señora Mary Robles, asesora del Ministerio de Derechos Humanos del gobierno provincial de Salta y miembro de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), ha reivindicado públicamente que el gobierno otorgue «un cupo de viviendas a miembros del colectivo de diversidad sexual que ya contrajeron matrimonio». Robles hizo esta curiosa reivindicación durante unas jornadas, realizadas en la Cámara de Diputados de Salta, con las que diferentes organizaciones recordaron, junto al gobierno, los cuatro años de la vigencia de la ley que autoriza la celebración de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.
La llamativa propuesta de la señora Robles -que no ha merecido grandes espacios en los medios de comunicación de Salta- apunta en realidad a crear una categoría especial de ciudadanos, capaz de acceder de forma prioritaria a ciertos derechos, como la vivienda pública, cuyo disfrute no guarda, en principio, ninguna relación con la orientación sexual de las personas.
Bien es cierto que la señora Robles ha dicho que el colectivo al que representa se encuentra en situación de vulnerabilidad por las dificultades con que tropiezan sus integrantes para acceder a un trabajo remunerado, pero ha olvidado decir que son muchísimas las personas (que no son travestis, transexuales ni transgénero) que padecen la misma vulnerabilidad y cuyo derecho de acceso a la vivienda pública, de atenderse a la petición de Robles, quedaría postergado por la preferencia que reclama el colectivo llamado 'de la diversidad sexual'.
Ni el Ministerio de Derechos Humanos ni el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta se han pronunciado sobre esta petición, pero la señora Robles ha hecho saber que ha mantenido reuniones con el actual interventor del IPV -con quien le une una cierta relación política- para lograr que se reconozca a 'la diversidad sexual' un derecho preferente de acceso a la vivienda pública.
Algunas voces críticas con esta iniciativa han señalado que, de seguir creciendo la capacidad de presión de la señora Robles, el próximo paso será la reivindicación del boleto gay gratuito en el transporte público de pasajeros y, más tarde, el doble valor del voto gay en las elecciones generales o la jubilación travesti sin aportes y con el 82% móvil a los 35 años.
Con tal -dicen- si el fundamento último de esta presunta discriminación positiva es la situación de vulnerabilidad de los militantes de la diversidad sexual, todo puede ser posible, aunque en el camino hacia el sueño igualitario las excepciones terminen matando al derecho a la igualdad.