
El proyecto había sido elaborado por la Coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, algunas de cuyas representantes mostraron su contrariedad ante la decisión de los ediles salteños.
El pleno de los concejales adoptó el parecer de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, cuya mayoría había dictaminado de forma negativa el proyecto presentado.
El proyecto de ATTTA fue secundado por cuatro concejales, que votaron afirmativamente.
La mayoría de los ediles entendió que en esta materia debe intervenir el gobierno provincial, que hasta ahora ha venido esquivando la cuestión, cuando no reforzando las facultades policiales -incluido el Código Contravencional- para reprimir a los llamados «colectivos de la diversidad».