En estos tiempos de colectivos invisibilizados y de sujetos políticamente incorrectos, cuando hablamos de diversidad no nos estamos refiriendo a la pluralidad de opiniones o de «sensibilidades», como se dice ahora, sino a las diferentes opciones y preferencias sexuales de los individuos. En casi todo el mundo, los colectivos que defienden la diversidad reivindican mayores espacios de libertad para los individuos que los integran, lo que normalmente se traduce en la reivindicación de una mínima o inexistente interferencia del Estado.
Salvo en Salta, en donde los portavoces y practicantes de la diversidad buscan empeñosamente la tutela del Estado y colocarse bajo la sombra de la autoridad.
En Salta, la diversidad no fluye libremente, como debería hacerlo, sino que para que funcione se necesita que el Estado, a través del gobierno, la «coordine».
El verbo coordinar tiene, en nuestra lengua, al menos dos significados relevantes que chocan bastante con las aspiraciones de los genuinos defensores de la diversidad sexual. Estos significados son (1) unir dos o más cosas de manera que formen una unidad o un conjunto armonioso; y (2) dirigir y concertar varios elementos.
No se sabe muy bien por iniciativa de quién existe en el seno del gobierno de Salta una Mesa Coordinadora de la Diversidad. Tal vez, si existe con ese nombre, es porque el gobierno se propone unir a los diversos, de manera que formen una unidad o un conjunto armonioso. Es decir, que la diversidad desaparezca.
Pero tal vez se trate de que el gobierno quiera «dirigir» y «concertar» a la diversidad, con lo cual la libertad y la espontaneidad de estas personas quedan a merced de lo que en la materia pueda decir el gobierno.
La pretensión de «coordinar» la diversidad es tan absurda como la oficina municipal que en Salta dice ocuparse de la Coordinación de Cultos, como si su cometido fuera convencer a todas las religiones acerca de la existencia de un solo Dios verdadero. Si en nuestro país existe libertad religiosa, lo menos que se puede hacer es dejar que las distintas religiones hagan lo que mejor les conviene; es decir, coordinarse o descoordinarse, por decisión propia y nunca con la mediación del Estado.
Como en las buenas comisiones de corsos
La Mesa de la Diversidad de Salta es una instancia burocrática a la que no le falta de nada. Para empezar, no le faltan comisiones internas, ya que existen al menos seis: seguridad, justicia, salud, trabajo, educación y cultura.Tampoco le falta, claro está, un reglamento. ¡Qué sería de la diversidad sexual sin los reglamentos!
Y para rematar, tampoco le faltan «objetivos trimestrales». No hay nada mejor que una diversidad con calendario fijo.
Todo este tinglado lo dirige en Salta nada menos que el Secretario de Derechos Humanos, un señor llamado Federico Uldry, lo cual le confiere a las comisiones y a los reglamentos de la transexualidad organizada un empaque digno de las mejores causas burocráticas.
El señor Uldry y hasta doce organizaciones o asociaciones relacionadas con la diversidad (entre las que figuran algunas con nombres tan raros como «Asociación Ragone» o «Cámpora Diversidad») se sientan en una misma mesa a debatir, entre otras cuestiones, la llamada educación sexual integral (un coto de caza de la iglesia católica de Salta) y el llamado cupo trans (el proyecto de ley que obligará al Estado y a las empresas privadas a contratar un número mínimo de trabajadores transexuales, cual si fueran discapacitados).
Pero hay más temas importantes, que el gobierno coordina a través de esta colorida mesa. Por ejemplo, la discriminación y la violencia contra las personas del colectivo LGBTIQ en los espacios de la nocturnidad; el Código Contravencional de la Provincia y la necesidad de expresar una voz conjunta en relación a casos de vulneración de derechos del colectivo.
Al parecer, nadie repara en que en el 99,8% de los casos, la vulneración de los derechos del colectivo tiene por sujeto activo al propio gobierno que «coordina» a los grupos de la diversidad. Y que la «voz conjunta», jamás será la expresión libre de personas en pleno disfrute de sus libertades individuales, mientras las decisiones de los agentes de la diversidad deban pasar antes por el cedazo de esta nueva instancia gubernamental llamada Mesa Coordinadora de la Diversidad.