Diferentes colectivos feministas y defensores de la diversidad sexual han anunciado que solicitarán a los tribunales de justicia la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos del nuevo Código Contravencional de la Provincia de Salta, por entender que atentan contra los derechos de las personas transexuales. El gobierno de Urtubey, que dirige y coordina una supuesta instancia de diálogo denominada Mesa de la Diversidad Sexual de Salta, deberá enfrentar la protesta y dar una solución a aquellos que piden la derogación de las nuevas normas que, a su entender, «criminalizan a las personas transexuales».
En concreto, se quejan de que el nuevo texto legal -cuya entrada en vigor está prevista para el corriente mes de febrero- repite los vicios de la anterior ley contravencional 7135 en la medida en que faculta a la Policía a practicar arrestos de personas que realicen oferta de servicios sexuales en la vía pública.
Para las organizaciones «de la diversidad», los poderes de la Policía facilitan la cadena de corrupción y el maltrato hacia grupos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. No es ninguna novedad que las personas transexuales llevan décadas quejándose de que su actividad es reprimida con excesivo rigor por la Policía provincial, lo que -según aquellos- no excluye la difusión de ciertas prácticas corruptas como las extorsiones económicas o la solicitud de favores sexuales a cambio de tolerancia o de libertad.