(TÉLAM) - La violencia contra las personas LGBTI prevalece en el continente americano, incluso en países con "significativos avances legislativos y de políticas públicas" en favor de sus derechos, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el informe, publicado hoy, la CIDH señaló que la violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) es motivada por un "contexto generalizado" de discriminación, al que sumó el "fracaso de los Estados" en investigar y castigar los crímenes motivados por la intolerancia respecto las identidades de género y sexuales que difieren de las socialmente aceptadas.
El organismo apuntó además que en 2009, la asamblea general de la OEA instó a los países miembro a garantizar que estos crímenes sean investigados, y que "los perpetradores sean llevados ante la justicia".
A fin de lograr un "abordaje diferenciado" para esta forma de violencia, el informe incluye una serie de recomendaciones a los gobiernos, entre las que figura "recolectar y analizar datos estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI".
La CIDH fundamenta que esos datos constituyen una "herramienta imprescindible" para evaluar la efectividad de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia y formular los cambio necesarios en las políticas públicas.
Por otra parte, insta a "diseñar e implementar políticas y programas para eliminar la estigmatización, los estereotipos y la discriminación", y "promover el respeto y aceptación" hacia la diversidad sexual.
También considera que se deben establecer y fortalecer oficinas especializadas en las Defensorías del Pueblo y otras instituciones estatales para responder a las situación de violencia y discriminación enfrentada por el colectivo LGBTI. Y pide a los gobiernos que revisen las legislaciones que "criminalizan y estigmatizan a las trabajadoras y trabajadores sexuales".
Además, la CIDH pide modificar leyes y políticas públicas con el fin de "prohibir que las personas intersex sean sometidas a procedimientos médicos innecesarios, cuando sean administrados sin su consentimiento libre e informado", y que el Estado cumpla con la obligación de "restituir violaciones de derechos humanos y reparar a las personas LGBTI y sus familias, cuando sean víctimas de violaciones de derechos humanos".