Victoria Liendro, Directora de la Diversidad de la Municipalidad de Salta, será una de las encargadas de presentar el proyecto de ley para obligar a las administraciones públicas a tener un mínimo de transexuales en sus plantillas. La presentación se efectuará en el curso de una «jornada de concientización» que tendrá lugar en la Plazoleta IV Siglos de Salta, a partir de las 18 horas.
Allí se proyectarán spots contra la discriminación y el documental Translatina que, según los organizadores de esta jornada, «refleja la realidad de travestis, transgéneros y transexuales en América latina y que fue filmado en Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Brasil, Honduras, El Salvador, México e Italia».
Liendro y sus compañeras aprovecharán para presentar en sociedad el controvertido proyecto de ley, que próximamente -según lo anunciado oficialmente- será enviado a la Legislatura provincial, para su tratamiento.
¿Vulnerables o vulnerados?
La directora Liendro ha dicho que el proyecto en cuestión «busca garantizar oportunidades de trabajo dentro de la administración pública y en dependencias que poseen financiamiento del Estado para brindar respaldo a un colectivo social vulnerado (sic) por su condición sexual».Desde luego, no es lo mismo vulnerable que vulnerado. Si el proyecto de ley tuviese en cuenta la condición de vulnerable del colectivo afectado (es decir, si asume que las personas transexuales pueden ser heridas o recibir lesión, física o moralmente), el cupo laboral tendría un efecto igualador o preventivo respecto de situaciones de exclusión social.
Si, en cambio, se considerara a los transexuales, no como personas amenazadas de lesión, sino como sujeros ya lesionados, el proyecto tendría una dimensión indemnizatoria, que en principio rompería la igualdad y que probablemente no es lo que buscan los interesados. Ninguna administración pública del mundo admitiría, en condiciones de igualdad, a personal «vulnerado» porque ello desvirtuaría el principio de idoneidad, pero sí a agentes vulnerables.