El Secretario de Derechos Humanos del gobierno provincial de Salta, señor Martín García Caínzo, ha confirmado que los albergues o refugios para mujeres, que el gobierno tiene pensado abrir en las ciudades de Orán y Tartagal, estarán a cargo de la iglesia católica. El funcionario ha dado a conocer esta novedad en una entrevista concedida al diario El Tribuno, en la que explica superficialmente las razones que han llevado al gobierno a adoptar esta decisión.
García Caínzo explica que lo que justifica la cesión al Obispado de Orán de la gestión y control de unos recursos que serán construidos con fondos públicos y que mantendrán, en principio, su condición de servicios públicos de titularidad estatal, es que la iglesia católica «es una institución muy sólida, que hace mucho tiempo que está trabajando». Faltó agregar, unos 2000 años.
Evidentemente, el joven funcionario no ha reparado en que el mismo argumento -que es, por cierto, irrefutable- podría llegar a justificar también la transferencia a la Iglesia del gobierno provincial en su totalidad, de algunas de sus funciones básicas, como la administración de justicia, o de servicios públicos enteros como la salud o la educación.
García Caínzo no dice, sin embargo, que la Iglesia sea idónea en la materia. De hecho, cuando dice que la Iglesia viene «acompañando a las mujeres víctimas de violencia» el funcionario parece desconocer que la iglesia católica está obligada a prestar ayuda espiritual también a los maltratadores.
De las palabras del funcionario parece desprenderse justamente lo contrario, ya que, según él, la formación del personal del Obispado en esta materia -a cargo de los cuestionados equipos técnicos del Ministerio de Derechos Humanos de Salta- se imparte desde hace solo dos meses.
No obstante, será el Obispado el que se encargue de contratar personal capacitado, como médicos, psicólogos, abogados y asistentes sociales. García Caínzo no ha dicho si los profesionales que contrate el Obispado serán pagados por éste, con sus propios recursos, o si, al contrario, serán seleccionados y contratados a gusto y paladar del Obispo pero pagados por todos los salteños.
Respecto a la elección del «partner» religioso, el Secretario de Derechos Humanos ha defendido su decisión diciendo que el gobierno «también trabaja con otros credos» (cita el caso de la iglesia anglicana en los lotes 55 y 14); pero en ningún caso explica por qué el gobierno recurre a las iglesias y evita cooperar con organizaciones de la sociedad civil.
Resulta llamativo que el funcionario no haya dedicado una sola línea a defender la postura oficial de su nuevo socio eclesiástico que relaciona la violencia de género con las parejas o uniones de hecho. Un documento obispal afirma que «los matrimonios canónicamente constituidos (católicos) son menos dados a la violencia doméstica que aquellos que son parejas de hecho, las parejas de personas que viven inestablemente y que es donde más se está generando la violencia contra la mujer».
Jolgorios de Estado y aumento estacional de la violencia
García Caínzo ha reconocido que la violencia contra las mujeres aumenta en los meses de enero y febrero, como consecuencia, entre otras cosas, del carnaval y el mayor consumo de alcohol.El funcionario no ha dicho nada, sin embargo, acerca de la responsabilidad del gobierno del que forma parte en la promoción y estímulo (incluso con recursos económicos públicos) de las fiestas y festivales de carnaval que propician los excesos, ni ha reflexionado acerca de la necesidad de que el gobierno deje de fomentar diversiones de esta naturaleza, para proteger a la mujeres.