El delegado en Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Álvaro Ulloa de la Serna se ha dirigido por escrito al Gobernador de la Provincia, al Intendente de la ciudad de Salta y al presidente del Concejo Deliberante de la capital provincial solicitándoles la modificación de dos preceptos legales que discriminan a las mujeres que trabajan para la administración pública provincial y municipal respectivamente.
Las normas necesitadas de reforma son el artículo 2º inciso E) de la ley provincial 5136, que regula las asignaciones familiares de los trabajadores de la administración pública provincial y el artículo 131 de la ley provincial 6068, norma de similar alcance y efectos contenida en el denominado Estatuto del Empleado Municipal.
Los dos artículos citados establecen y regulan la llamada asignación por cónyuge, un complemento del salario que no remunera trabajo efectivo y que se paga a los agentes provinciales y municipales que estén legalmente casados, pero cuyas condiciones de procedencia y disfrute son diferentes según se trate de empleados hombres o mujeres.
En efecto, para que un trabajador público hombre perciba la asignación es suficiente que tenga «esposa legítima», que el vínculo matrimonial perviva y que la mujer resida en el país. Da igual si la mujer trabaja o no. Sin embargo, una trabajadora mujer solo podrá percibir la misma cantidad si el esposo (legal y residente) «se encontrare incapacitado en forma total» y, además, «no percibiere ningún tipo de ingreso previsional».
La norma, sancionada en el año 1977, sigue vigente y -curiosamente- de su carácter profundamente discriminatorio no se han dado cuenta, en más de cuarenta años, ni los gobernantes, ni los liquidadores de sueldo, ni las feministas que trabajan para el gobierno, ni los sindicatos de la función pública.
Ha tenido que ser el señor Ulloa quien nos descubra esta injusticia, que no solo establece una inadmisible distinción entre hombres y mujeres sino que también impide en teoría -por la rigidez de su redacción- que el complemento del salario por cónyuge pueda ser percibido por hombres y mujeres casados con personas de su mismo sexo.
La situación no solo es injusta en el plano de los papeles sino en el de los hechos concretos, por cuanto es de suponer que el primer empleado del Estado salteño -el Gobernador de la Provincia- ha venido cobrando regularmente esta asignación (antes de que renunciara a su sueldo público), mientras que una parte abrumadoramente mayoritaria de mujeres al servicio del Estado no lo han cobrado, simplemente por no tener a su marido incapacitado y sin rentas.
Hasta que Ulloa no destapó la caja de los truenos, no se sabía realmente que el Estado provincial, primer empleador de Salta (con algo más del 40% del total de la mano de obra empleada), que además debería ser ejemplar en materia de igualdad profesional, se comportaba de una forma tan discriminatoria y favorecía tan poco la cohesión social, hasta el punto de pasar por un ente indolente y convertirse en muy poco representativo de la sociedad a la que está llamado a servir.
Cualquiera sea la reacción de las autoridades requeridas por Ulloa, lo cierto es que hoy nadie sabe qué sucedería si, de forma individual o colectiva, las mujeres que trabajan para el Estado decidieran presentarse a los tribunales para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de las normas señaladas y, además, para pedir que se les abone retroactivamente las asignaciones dejadas de percibir en virtud de la aplicación de una norma que debió ser expulsada de nuestro ordenamiento tan pronto como adquirió rango constitucional (artículo 13 in fine de la Constitución de Salta) el principio de no discriminación en el trabajo por razón del sexo.
Lo que en cualquier caso resulta sorprendente es que el gobierno provincial (y las feministas asociadas) nunca se hayan planteado «mirar hacia adentro» y, al contrario, hayan venido planteando políticas probadamente inútiles, orientadas en su mayoría al empleo privado, en orden a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. A pesar de que esta brecha es la primera, la mayor, y seguramente la más importante de todas las desigualdades conocidas, a los igualadores a sueldo del gobierno les importan más algunas otras cosas.
Por brecha salarial entendemos aquellas diferencias, que son persistentes en el tiempo, entre los sueldos que perciben los hombres y las mujeres.
El problema es que nadie -excepto Ulloa- parece haber advertido en Salta que las brechas salariales de género no se producen solamente durante la vida laboral activa de las mujeres sino que se cronifican y se hacen extensivas a toda su trayectoria vital. Es realmente insólito que un gobierno que se ha empeñado en presentarse a la sociedad como el paladín de la igualdad de género haya permitido que una desigualdad sangrante de esta naturaleza tan particular adquiera -como se ha podido comprobar en los 42 años que han pasado- un carácter estructural.
A pesar de sus reiteradas declamaciones, de sus pomposos observatorios y los no menos pretenciosos polos integrales, el gobierno provincial de Salta jamás ha abanderado sinceramente la lucha contra la desigualdad de género ni la ha planteado nunca como una «gran causa provincial», a juzgar por la escasez y dispersión de las medidas que adoptado en los últimos años.
Tampoco se ha interesado en lo más mínimo en llevar la igualdad laboral entre los hombres y las mujeres al corazón de los valores de la función pública, como lo ha hecho por ejemplo Francia -un país en donde el empleo público tiene un peso notable y en donde las mujeres son el 62% del total de empleados- a través de las políticas anunciadas el 4 de octubre de 2017, del discurso del presidente Macron de 25 de noviembre del mismo año y de las cincuenta propuestas de acción de la comisión interministerial para la igualdad entre hombres y mujeres del 8 de marzo de 2018, que apuntan a convertir al servicio público francés en ejemplar a nivel internacional.
En resumen, que con un solo gesto y en un solo día Álvaro Ulloa ha hecho más por la igualdad y la no discriminación que todo el gobierno de Salta en su conjunto, en doce años de militante y convencida inutilidad.