El gobierno de Salta no es responsable directo de la epidemia de violencia contra la mujer que azota con singular virulencia a esta Provincia, pero sí es responsable de dos cosas muy ciertas y muy concretas:1) La ausencia casi total de políticas serias de prevención del fenómeno, de atención a las víctimas y castigo de los agresores;
2) el clima de violencia social que reina en la Provincia, propiciado, en buena medida, por el discurso intolerante y las prácticas extremas de un gobierno que fomenta el enfrentamiento y desprecia la concordia.
Por consiguiente, si de verdad el gobierno provincial quiere luchar contra aquel fenómeno disgregador, debe comenzar por dar un giro de 180 grados en su relación con las fuerzas políticas y sociales de la oposición, moderando su discurso confrontativo, sectario y excluyente y abriendo amplios espacios para el diálogo y el entendimiento entre diferentes.
En segundo lugar, debe revisar profundamente sus protocolos de actuación en esta materia, ya que desde 2006, año en que entró en vigor la ley provincial 7403, de protección a las víctimas, los casos de violencia familiar no han hecho sino aumentar; tanto en cantidad como en gravedad.
Ayer, con la presencia de cuatro ministros y notables ausencias, el gobierno anunció lo que ha denominado «plan» para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género; un plan que no ha sido consultado ni consensuado sino con una minoría escasamente significativa de organizaciones civiles comprometidas en la lucha contra este fenómeno, y que, bien visto, no es sino una colección inconexa y fragmentaria de medidas, fruto de la improvisación, la ignorancia y las prisas.
Este plan, presentado por los ministros de Gobierno, de Justicia, de Derechos Humanos y de Salud Pública, no contempla ninguna medida educativa, lo que por otra parte viene confirmado por la ausencia en el acto de algún representante del Ministerio de Educación provincial.
A la vista de las peculiares características del plan, la declaración de «emergencia social» impuesta por decreto del Poder Ejecutivo, solo se puede interpretar como una concesión del gobierno a los grupos de activistas que venían exigiendo una declaración de estas características, ya que ninguna de las «medidas de choque» anunciadas en el plan tiene carácter extraordinario (el gobierno podría haberlas adoptado en cualquier momento, con o sin declaración de emergencia) ni requieren de la habilitación de facultades legales especiales.
Si con la «declaración de emergencia social» el gobierno pretendió transmitir a la ciudadanía su mayor preocupación por el fenómeno, la llamativa pobreza de las medidas anunciadas, su manifiesto carácter extemporáneo y, sobre todo, su escasa novedad, han provocado el efecto totalmente contrario.
A pesar de las evidencias, el gobierno no ha anunciado ninguna medida especial que ataque los factores que predisponen a la violencia, como la pobreza, la falta de educación, la desestructuración de las familias, los estímulos -abiertos o embozados- al consumo de drogas o de alcohol, la sobrevaloración social de la diversión y el tiempo libre en desmedro de la cultura del trabajo y, cómo no, la violencia institucional que ejerce el propio Estado.
En suma, una declaración de emergencia social inútil, inconducente y sobreactuada que no persigue dar mayor visibilidad al fenómeno de la violencia, sino a hacer más visible la preocupación de los gobernantes, no por el problema en sí, sino por la amenaza que supone para ellos y para su imagen la percepción general del carácter indolente y errático de sus políticas en esta materia.