El Gobernador de la Provincia de Salta ha firmado hoy el decreto Nº 2654/2014, que declara la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio provincial. Tal como si se tratara de una emergencia por congelación de bananas, el gobierno ha dispuesto que la situación excepcional se mantenga durante dos años. Según la comunicación oficial, durante estos dos años, el gobierno confía en erradicar (esto es, arrancar de raíz) este flagelo social, objetivo que según especialistas en la materia es, cuando menos, poco realista, teniendo en cuenta la enorme carencia de recursos del Estado y la propia naturaleza del problema.
Algunas asociaciones han recordado que en noviembre de 2011, el gobernador Urtubey dijo que la violencia contra la mujer formaba parte, de alguna manera, del «acervo cultural» de los salteños. «Dentro de nuestro acervo cultural, existen costumbres que debemos erradicar, por eso quienes tenemos responsabilidades superiores en la comunidad, debemos trabajar fuerte en eso», dijo textualmente Urtubey en aquella oportunidad.
Según la comunicación del gobierno, el decreto será remitido a la Legislatura y, en caso de ser aprobado por las cámaras, el Poder Ejecutivo estará facultado «para realizar acciones y generar políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones».
Medidas claramente insuficientes
En una conferencia de prensa ofrecida esta tarde de forma conjunta por los ministros de Gobierno, de Derechos Humanos, de Justicia y de Salud Pública, el gobierno anunció una serie de medidas, entre las que no figuran reformas legales de gran calado.En cuanto a las medidas concretas: creación de juzgados de violencia familiar y de género, de una fiscalía penal especializada, de hogares de protección temporal como instancias de tránsito, de un albergue de las mujeres víctimas de violencia de género; instalación de botones antipánico en toda la Provincia y de una una red de contención social y sanitaria formada por el Estado y las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia, ninguna de ellas, ni individual ni conjuntamente, parecen suficientes para alcanzar el objetivo propuesto por el gobierno que no es otro que la eliminación total de la violencia contra la mujer.
Si bien el gobierno dice que entre las políticas más destacadas «estarán las orientadas a promover en la comunidad la construcción de una cultura pacífica y libre, fortaleciendo las medidas preventivas de violencia de género», durante la comparecencia de los cuatro ministros no se ha enunciado una sola política de estas características, lo que hace sospechar que la declaración de emergencia es fruto de la improvisación o del deseo de contentar a las organizaciones de activistas que desde hace tiempo vienen reclamando del gobierno la adopción de una medida de estas características.