A Urtubey la violencia de género lo ha pillado en el medio y lo ha abierto en canal.Salta, la provincia que él gobierna, exhibe las cifras más catastróficas de toda la Argentina en materia de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, y las visiones fatalistas del Gobernador -que atribuye esta vergüenza a patrones culturales arraigados en la pobreza- no ayudan a superar el problema.
Urtubey ha intentado de todo un poco, copiando por aquí y pegando por allá, pero solo ha conseguido que la opinión pública lo arrincone a él, a sus ministros competentes en la materia y a ese grupo de voluntariosas feministas que han arriado sus banderas de defensa de la mujer para defender una causa mucho menos noble como la que representan el gobierno y sus contradicciones.
A todo esto se suman las actitudes machistas de Urtubey -unas veces sutiles y otras sencillamente brutales- que son correspondidas en prolija coreografía por su nueva esposa, que no parece tener otro talento que el de ensalzar permanentemente las «virtudes» de su marido, en un esfuerzo continuo de confusión entre la realidad y los propios deseos.
Tras el fracaso de la ley de protección integral de las mujeres contra la violencia, el de la inútil declaración de emergencia social por violencia de género, que ya lleva años sin producir resultados; la poca efectividad y escasos medios de los nuevos juzgados especializados y la «pasión militante» del llamado Observatorio de Violencia contra la Mujer, al gobierno se le han ido acabando los argumentos.
En las últimas semanas, a las desafortunadas declaraciones de Urtubey se han sumado una serie de hechos que revelan que la opinión pública salteña ha agotado o está a punto de agotar su paciencia con un gobierno que viene dando palos de ciego desde el mismo momento en que este grave asunto ocupa un destacado lugar en la lista de preocupaciones ciudadanas.
Primero fue el asesinato en la cárcel de Andrea Neri, una joven de menos de veinte años, que había entrado en el penal para visitar a un recluso con graves antecedentes de violencia contra la mujer. Frente al suceso, el gobierno de Urtubey no tuvo mejor ocurrencia que echarle la culpa primero a la joven muerta y poco más tarde a unos agentes penitenciarios de baja graduación. Ningún funcionario con poder de dirección salió a asumir su cuota de culpa en la falta de protección de la joven visitante. Especialmente no lo hizo la Ministra de Derechos Humanos y Justicia, que se negó en redondo a renunciar y sigue aferrada a su sillón, más allá de cualquier decente razonabilidad.
Más tarde se sucedieron las declaraciones del Gobernador en las que afirma que su ministra no tiene por qué hacerse responsable de «conductas culturales» (así llama Urtubey a los asesinatos de mujeres en la cárcel) y la revelación de que feministas a sueldo del gobierno, en vez de cumplir su tarea de promover los derechos de las mujeres, se dedicaron a estigmatizar a un intendente municipal que fue destituido cuando empezó a mostrar su falta de sintonía con el gobierno.
Para terminar de componer el cuadro, se conoció en Salta y en el resto del país la versión subtitulada de un documental de la televisión francesa referido a la violación y asesinato de las jóvenes Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en San Lorenzo en el mes de julio de 2011. El documental en cuestión avanza la teoría de que la investigación judicial del crimen estuvo dirigida por el gobierno y que los verdaderos culpables del crimen serían personajes políticos bastante conocidos, cercanos a Urtubey.
Mesa de género
Esta andanada de golpes ha movido a los mandos medios del gobierno de Urtubey a reaccionar y a convocar la llamada «Mesa de Género», que integran los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad y de Educación, más la presencia estelar, en calidad de invitado, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.Según la información oficial, esta reunión ha tenido por objeto analizar las acciones que se desarrollan, especialmente en materia de formación «con perspectiva de género».
La misma información puntualiza que el encuentro de ministros con las feministas oficiales fue presidido, no por el Gobernador (quien poco podría aportar al asunto, después de su arbitraria clasificación de los asesinatos de mujeres como «conductas culturales»), sino por el ministro Jefe de Gabinete, señor Carlos Parodi, quien se encargó de que en el parte oficial apareciera bien claro su nombre, junto a una exhortación al resto de sus colegas para aplicar lo que, con lenguaje tan barroco como poco preciso, llamó «metodología de corte transversal para tratar una problemática compleja».
Según el gobierno, Parodi señaló a sus colegas tres líneas de acción respecto a la violencia de género: 1) la formación que imparte el sistema educativo, 2) la atención que merece el problema con activa participación de los intendentes de los sesenta municipios y 3) el perfeccionamiento de la comunicación para generar conciencia en toda la población.
Vistas con el debido detalle, las «líneas de acción» propuestas por Parodi no apuntan en otra dirección que la de asegurar trabajo estable a las feministas a sueldo del gobierno. Nada de lo que sugiere el Jefe de Gabinete no se ha intentado antes, con los desastrosos resultados que hoy son de todos conocidos.
No se debe olvidar que tanto policías como agentes penitenciarios fueron concienzudamente «capacitados» por las feministas, antes de que se produjeran en Salta bárbaros crímenes de mujeres cuya responsabilidad se achaca a este personal previamente entrenado.
La información del gobierno habla también de las «propuestas» presentadas en la reunión por el Observatorio de Violencia contra la Mujer, pero no menciona ni una sola de ellas. Aunque sí se cuida de decir que esas propuestas, desconocidas para la ciudadanía, «emergen del diagnóstico expuesto en su Primer Informe Anual», un documento que el propio gobierno, en gesto claramente autolaudatorio, califica de «acabado análisis de la situación provincial de la violencia contra la mujer».
Maestras y policías al rescate
Tal como sucede con otras lacras sociales, la impotencia del gobierno se pone de manifiesto en la movilización alocada de sus colectivos más numerosos de agentes públicos: los policías y los maestros.Los primeros tienen afectados a unos 800 efectivos a las tareas de custodia encomendadas por los juzgados competentes (unas doscientas consignas); los segundos prevén realizar una jornada de formación a gran escala, pero a mediados de año. Mientras el Ministro de Seguridad confía en poder mejorar la situación con la implantación de las pulseras electrónicas, la Ministra de Educación piensa que la solución pasa por la educación sexual integral, un contenido educativo que el gobierno llama «transversal» y que se caracteriza por su fuerte sesgo religioso.